Una estudiante de 14 años fue agredida físicamente y sufrió síntomas de asfixia por parte de la suboficial PNP Anaí Ramos Ramírez el pasado jueves dentro de su institución educativa en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El violento incidente ocurrió durante el horario de clases, luego de que la agente policial ingresara de forma irregular al aula para intervenir en un presunto caso de acoso escolar.
El hecho generó la inmediata intervención de la Defensoría del Pueblo, entidad que ya investiga las graves fallas en los protocolos de seguridad del plantel y el evidente abuso de autoridad cometido contra la menor de edad.
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Madre de la menor denuncia presiones de la PNP para encubrir la agresión en SMP
De acuerdo con el testimonio de la adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva, la suboficial Ramos Ramírez intentó arrebatarle su teléfono celular de forma injustificada cuando este se encontraba apagado.
Al no lograr su cometido dentro del salón, la agente trasladó a la fuerza a la estudiante hacia el balcón exterior, donde procedió a sujetarla violentamente de los brazos y del cuello, provocándole dificultades para respirar.
A pesar de que la víctima le advirtió que padecía de asma y requería con urgencia su inhalador, la agente ignoró las súplicas y continuó con los agravios verbales y físicos.
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Madre de menor se pronuncia
Tras enterarse del ataque, la madre de la víctima acudió inmediatamente a la comisaría de Barboncito para interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo, la mujer reveló públicamente que durante el proceso legal sufrió hostigamiento por parte de los compañeros de la agresora, quienes intentaron proteger a la suboficial y disuadirla de continuar con las acciones judiciales bajo el pretexto de que la denunciada era una persona “muy tranquila”.
“Han querido totalmente que yo quede en un arreglo de que ya no haga nada”, manifestó indignada la madre de familia, rechazando cualquier intento de encubrimiento.
Defensoría del Pueblo toma cartas en el asunto
Ante la gravedad de los hechos, representantes de la Defensoría del Pueblo se apersonaron al colegio para reunirse con el director y esclarecer por qué se permitió el libre acceso de la policía al pabellón de menores. El organismo supervisor enfatizó de manera categórica que las fuerzas del orden no cuentan con la facultad legal para ingresar directamente a las aulas ni interrogar a estudiantes sin la presencia de sus tutores.
Finalmente, la Defensoría remarcó que, ante cualquier sospecha de violencia escolar, las autoridades del plantel debieron activar de forma prioritaria los protocolos del sistema SíseVe del Ministerio de Educación. La institución concluyó que existió una negligencia compartida entre la dirección del colegio y la policía involucrada, por lo que las investigaciones administrativas y penales seguirán su curso formal.
