El Gobierno oficializó la declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y en el Callao por un periodo de 30 días.
Esta medida busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia en la capital y el primer puerto.
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Asimimo, responde a una necesidad de mantener el orden interno ante el incremento de actos delictivos.
La disposición rige de manera inmediata tras su publicación en el diario oficial, estableciendo un marco legal excepcional para las operaciones de seguridad en estas jurisdicciones.
Disposiciones legales y control del orden interno
La medida fue ratificada mediante el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado este sábado en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Bajo este dispositivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene la responsabilidad del control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas para tales fines.
La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, basando sus operaciones esencialmente en labores de inteligencia, indicadores estadísticos, mapas del delito y otros instrumentos técnicos de medición criminal.
Durante la vigencia de este estado de excepción, se restringe o suspende el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales.
Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Asimismo, para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.
Gobierno atendió solicitud de Municipalidad de Lima
El Gobierno tomó esta decisión tras la solicitud emitida hace casi una semana por la Municipalidad de Lima.
La comuna instó al presidente Balcázar a restituir la medida luego de que esta venciera el pasado 19 de febrero.
La gestión municipal señaló que, aunque el estado de emergencia no es la única solución integral, funciona como una herramienta clave para el combate a la delincuencia.
La norma cuenta con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.
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Así como los ministros Luis Arroyo (Defensa), Hugo Begazo (Interior), Gerardo López (Economía), Luis Jiménez (Justicia) y Aldo Prieto (Transportes).
El objetivo central del Gobierno con esta restitución es recuperar el marco legal extraordinario que permite acciones conjuntas y articuladas entre las diversas instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
