El gobierno de José Jerí impulsa una serie de medidas más severas dentro de las cárceles del Perú, con el objetivo de retomar el control total y frenar las operaciones criminales que, por años, se habrían manejado desde su interior.
Según las disposiciones vigentes, los reclusos catalogados como de alta peligrosidad se encuentran ahora bajo un régimen de disciplina inflexible y vigilancia continua, sin excepciones ni beneficios adicionales.
Apagones eléctricos y restricción de visitas familiares
Dentro de este nuevo esquema, también se ha restringido el ingreso de visitas familiares. La decisión apunta a reforzar los controles internos e impedir el ingreso de objetos o sustancias prohibidas.
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Otra medida clave es el apagón eléctrico, que deja sin energía la mayor parte de los ambientes del penal. Solo se mantiene iluminación básica, pero no se permite el uso de energía para cargar dispositivos o artefactos electrónicos.
Objetivo: cortar operaciones delictivas internas
El Ejecutivo sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia integral diseñada para arrinconar a las organizaciones criminales y evitar que sigan coordinando actividades desde los penales.
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En este caso, ningún interno, sin importar su nivel de peligrosidad, tendrá margen para ejercer control ilegal o influencias dentro de los establecimientos penitenciarios.
Operativos focalizados en zonas críticas
A la par, se desarrollan operativos estratégicos en sectores donde se registra mayor número de homicidios. Estas intervenciones responden a información estadística de la Policía Nacional, que permite actuar con precisión según la incidencia delictiva.
