El fiscal provincial titular contra la criminalidad organizada, Lucio Sal y Rosas, manifestó su disconformidad con la resolución emitida por un juez constitucional en el marco del caso ‘Los Dorados del Sur’.
La autoridad del Ministerio Público calificó los argumentos del fallo judicial como “aberrantes” y “groseros”, debido a que mencionan debates y actividades periciales que, según precisó, no se reflejan en los documentos del expediente.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Christian Hudtwalcker califica de “desubicado” a Jorge Nieto tras pedir viciar el voto: “Pecó un poco de soberbio”
De acuerdo con el magistrado, la decisión no se ajusta al derecho, por lo que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima será la instancia encargada de emitir un pronunciamiento definitivo sobre la controversia.
Fiscal Sal y Rosas detalla investigaciones
Las indagaciones del caso penal comenzaron mediante acciones de inteligencia que detectaron la sustracción de toneladas de residuos mineros que tenían como destino final la exportación a China.
En una primera intervención coordinada con Aduanas, las autoridades detectaron e incautaron un cargamento de 120 contenedores que albergaban un total de 3,000 toneladas de dicho material.
Mientras que la hipótesis fiscal sostiene que el cargamento confiscado consiste en relave, la defensa de la parte investigada afirma que se trata de concentrado de oro o piritas de oro.
De acuerdo con el avance de las pesquisas, el material era extraído de manera ilícita en el distrito de Atico, ubicado en la provincia de Caravelí, región Arequipa.
Dicha zona corresponde a las concesiones mineras de la empresa Intigold, cuya gerente y titular es Rocío Calmet.
Las verificaciones en el lugar de los hechos confirmaron que la empresaria posee entre 16 y 17 concesiones mineras en la localidad.
Estudios técnicos de la Universidad Nacional de Ingeniería determinaron que el cargamento incautado es relave, un desecho minero peligroso que contiene sustancias altamente tóxicas como el cianuro.
Debido a este componente, el material no puede circular de forma libre ni quedar expuesto al aire o al medio ambiente, requiriendo obligatoriamente un traslado en camiones encapsulados.
Ante ello, las autoridades configuran la presunta comisión de los delitos de hurto de material restringido, sustracción ilegal y receptación con fines de exportación.
Perjuicio tributario y recursos constitucionales
La presunta organización criminal también habría utilizado a la empresa N&C Tel para declarar el material incautado de forma fraudulenta bajo la denominación de pirita con contenido aurífero.
Esta maniobra alteraba la subpartida arancelaria correspondiente para evadir los controles del Estado.
Tras cruzar la información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se determinó la trazabilidad de los tributos dejados de pagar, calculándose un perjuicio fiscal que supera los 300 mil dólares.
- TAMBIÉN PUEDES VER: EsSalud aprueba decreto de urgencia por más S/1800 millones ante falso desabastecimiento
El proceso penal completó su etapa de investigación preliminar en un plazo de año y medio, tras lo cual se procedió a formalizar la investigación preparatoria contra todos los integrantes de la presunta red delictiva, fijándose un plazo legal de 36 meses para esta etapa.
Respecto al trámite del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de los implicados y las posturas dentro de la institución, Sal y Rosas aclaró que ha mantenido coordinaciones directas sobre el caso con su superior jerárquico, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, mas no con el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
