La inseguridad ciudadana en Lima ha alcanzado un punto crítico para el sector transporte. En menos de seis días, la empresa de transportes “El Mandarino” ha sido blanco de dos ataques armados, lo que ha empujado a sus trabajadores a tomar una decisión drástica: la suspensión total de sus operaciones por temor a represalias mortales.
El último incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento exacto en que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra el chofer de una unidad en circulación. El conductor logró sobrevivir de milagro; en un acto fortuito, se agachó para recoger una botella de agua justo cuando los proyectiles impactaron el parabrisas, evitando así una tragedia fatal en una ruta que conecta San Juan de Lurigancho con Collique.
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‘El Mandarino’ desprotegido ante la criminalidad
A pesar del cambio de mando presidencial y las promesas de una lucha frontal contra la delincuencia, los transportistas denuncian que la realidad en las calles no ha cambiado. “Cuando pensábamos que esto iba a parar con el nuevo presidente, lamentablemente continúan los ataques. Es extorsión pura contra la empresa”, señaló un representante de los trabajadores.
La indignación del sector también apunta a la ineficacia de la labor policial. Según los afectados, la presencia de los efectivos es meramente protocolar:
“Nosotros pagamos de nuestro bolsillo el cupo y la policía supuestamente nos da seguridad. Vienen, firman el documento de control y se van”, denunció uno de los entrevistados.
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Suspensión del servicio por seguridad
La escalada de violencia no es una amenaza vacía. Hace apenas unos días, un delincuente ingresó a la cochera de la empresa para lanzar amenazas y, minutos después, disparó contra los trabajadores, dejando un saldo de dos heridos que permanecen hospitalizados.
Ante este panorama, los choferes han decidido priorizar su integridad física. La paralización no ha sido una orden de la gerencia, sino una decisión unánime de los trabajadores que temen ser los próximos en la lista de víctimas. Mientras las unidades permanecen guardadas, miles de usuarios se ven afectados, evidenciando que el control de las rutas parece estar, momentáneamente, en manos del hampa.
