Violentas protestas se han originado luego de que, el pasado 20 de enero, el Ministerio de Cultura (Mincul) pusiera a disposición del público los boletos de ingreso a Machu Picchu a través de la plataforma de la empresa Joinnus.
La intención de que los turistas puedan ingresar, de manera más amigable, al primer atractivo turístico nacional se ha visto frustrada por la resistencia que ha llegado desde diversos flancos.
Gremios relacionados con la venta de entradas físicas declararon un "paro indefinido" en protesta a una supuesta "privatización" de Machu Picchu, absurda narrativa que fue promovida por izquierdistas como Verónika Mendoza.
El Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu acusó "vicios legales insalvables" en el contrato con Joinnus, mientras que la Comisión de Juristas del Cusco interpuso una denuncia penal contra esta misma empresa. A estas críticas se sumó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.
Detrás de las protestas no existe ninguna preocupación por una de las maravillas del mundo, sino que los manifestantes pretenden seguir aprovechándose de fuentes de ingresos ilegales.
Según el Mincul, existe un desbalance de S/8 millones en el sistema anterior de boletería a Machu Picchu, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.
Asimismo, operadores turísticos inescrupulosos, en coordinación con malos funcionarios, habrían estado forzando la estadía de turistas en Machu Picchu Pueblo, con el argumento de que las entradas estaban agotadas, a pesar de que no era así, y revendían boletos a precios superiores a los visitantes.
