Luego del atentado perpetrado contra el Corredor Rojo, la concesionaria advirtió que la violencia escaló y que ya no solamente extorsionan a empresas privadas, sino a servicios públicos otorgados por el propio Estado.
Evidenciando la criminalidad que viene afectando a la población, que día a día tiene que enfrentarse a la inseguridad en las calles.
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“Alertamos que estos actos de violencia y extorsión ya no solo se dirigen contra empresas privadas, sino que han escalado a afectar directamente a las concesiones estatales, comprometiendo la operación de servicios públicos esenciales otorgados por el propio Estado”, expresaron.
Corredor Rojo pide acciones
En consecuencia, hicieron un enérgico llamado al Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que tomen acciones inmediatas, recordando que el transporte público es esencial.
“Por ello, exhortamos al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial a adoptar, de manera urgente, las medidas necesarias para asegurar la continuidad de este servicio formal, del cual dependen diariamente más de 180 mil usuarios”, puntualizaron.
La concesionaria también se solidarizó con las personas afectadas por la situación sufrida el pasado viernes en tempranas horas de la mañana.
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Comunicaron que la Policía Nacional del Perú (PNP) viene ejecutando la investigación correspondiente para identificar a los criminales que atentaron contra la ruta 201, en dirección desde La Molina a San Miguel.
Asimismo, comunicaron que personal policial reforzará la seguridad, estando presentes en los patios de operaciones, interior de buses y recorrido de rutas “a fin de salvaguardar la integridad de nuestros usuarios y trabajadores”.
