Un polémico proyecto de ley ha sido presentado ante el Congreso con el objetivo de permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan tramitar nuevamente su licencia de conducir.
La iniciativa, promovida por el parlamentario Jorge Flores Ancachi, ya ha recibido el visto bueno en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
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Esta norma propone habilitar, de manera excepcional, el trámite administrativo para el otorgamiento de brevetes de clase A, categoría 1, a ciudadanos cuya licencia fue cancelada o suspendida bajo la falta muy grave tipificada como M1.
Alcances y restricciones de la propuesta en el Congreso
El dictamen aprobado en la comisión del Congreso establece criterios específicos para los beneficiarios.
Según explicó el autor de la iniciativa, Flores Ancachi, la medida está dirigida exclusivamente a aquellos conductores que no hayan causado lesiones graves o la muerte de terceras personas como consecuencia de un accidente de tránsito.
Asimismo, se recalca que no podrán acogerse a este beneficio quienes posean la condición de reincidentes en este tipo de infracciones.
Otro requisito indispensable mencionado en el documento es el cumplimiento total del pago de las multas impuestas.
El legislador justificó la propuesta, en declaraciones para Panamericana, señalando que busca brindar una “segunda oportunidad”.
El beneficio sería a conductores jóvenes o ciudadanos que cometieron la falta en contextos de festividades, como las fiestas patronales en el interior del país, donde el consumo de alcohol es recurrente.
Se estima que, de aprobarse en el pleno del Congreso, aproximadamente 800,000 personas se verían beneficiadas con la recuperación de su facultad para conducir.
Reacciones de los ciudadanos ante la iniciativa
A pesar del avance del proyecto en las instancias parlamentarias, la respuesta en la opinión pública ha sido diversa.
En diversas consultas realizadas a conductores y peatones, se ha manifestado un rechazo considerable hacia la norma.
Algunos ciudadanos argumentan que manejar bajo los efectos del alcohol es un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo la vida humana y que una sanción de esta gravedad no debería ser levantada mediante amnistías o trámites excepcionales.
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Por su parte, el equipo técnico detrás del proyecto defiende la constitucionalidad de la medida, enfocándose en el aspecto de la rehabilitación administrativa.
La iniciativa deberá ser agendada próximamente para su debate y votación final en el pleno legislativo, donde se definirá si los infractores por ebriedad podrán volver oficialmente a las calles de manera legal.
