Supuestos asesinatos de líderes nativos desmentidos, denuncias falsas y hasta dirigentes puestos por conveniencia a dedo para servir intereses particulares.
Ocho comunidades unidas en un memorial expuesto al defensor del Pueblo, al fiscal de la Nación interino, al canciller, al ministro de Justicia y al presidente del Poder Judicial, señalando la vulneración de sus derechos constitucionales por abuso de parte de las oenegés del Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras aliadas.
Una carpeta fiscal abierta y una denuncia admitida, que detalla cómo la ONG IDL, entre otras, con intereses particulares, violan los derechos de algunas comunidades con denuncias y acciones judiciales sin fundamento, no respetando sus derechos a la libre determinación de pueblos nativos.
Se sienten vulnerados y alzan su voz. Frente a la bondadosa laguna de Uchunya, tres apus han llegado a contar su verdad y pedir libertad ante las cámaras de 'ContraCorriente'.
Una vez más al descubierto intereses particulares y comunidades amenazadas y amedrentadas por no hacer suya una agenda ideologizada de las ONG que siguen facturando a costa del desarrollo y la dignidad de nuestros pueblos originarios.
Pero ellos ya se cansaron de ser utilizados. Ahora responden y desenmascaran el doble rasero progresista que se presentan como defensores de los Derechos Humanos y medioambiente, pero solo defienden intereses inconfesables del extranjero, y, claro, sus boyantes cuentas bancarias.
