El futuro Anillo Vial Periférico, un megaproyecto que busca descongestionar la capital, ya ha dejado su primera marca en el corazón de Lima Norte. En medio del caos de la avenida Túpac Amaru, trazos de tiza sentencian a miles de viviendas y negocios que demolerán para dar paso a la nueva vía.
Sin embargo, para los residentes de distritos como Independencia, esa promesa de modernidad es hoy un calvario. Los vecinos afectados por las primeras expropiaciones denuncian tasaciones imprecisas, pagos que tardan meses en llegar y negociaciones que sienten como una imposición.
El proyecto contempla la liberación de más de 1,600 inmuebles, lo que implica que el Estado debe comprar estas propiedades para que las familias busquen un nuevo lugar para vivir. Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lidera el proceso, la realidad en el terreno es otra.
Proceso de expropiación cuestionado
Los testimonios de los afectados en Independencia revelan un patrón de inconformidad. Algunos propietarios aseguran que el monto ofrecido por el Estado no es suficiente para adquirir un terreno similar en otra zona periférica de Lima.
Esta situación coloca a las familias en una encrucijada: aceptar la oferta o enfrentar un proceso judicial que podría extenderse por años. La sensación de no tener una alternativa real genera una presión constante sobre quienes deben abandonar sus hogares y negocios.
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A esta incertidumbre se suma la ambigüedad del plan de reubicación mencionado en el contrato del Anillo Vial Periférico. A pesar de que el documento de más de 500 páginas lo nombra, los vecinos aseguran no haber recibido información clara sobre posibles destinos o el tipo de apoyo que recibirán para la mudanza.
Contrato bajo la lupa
La preocupación por la viabilidad social del proyecto no es nueva. Luis Vera Barandiarán, ingeniero que diseñó los primeros planos de la vía hace más de 40 años, intentó advertir sobre los riesgos a ProInversión y al MTC. Sin embargo, ni él ni el Colegio de Ingenieros del Perú fueron recibidos por las entidades.
El esquema financiero de la liberación de predios también genera interrogantes. El Estado asume la responsabilidad de los terrenos públicos, mientras que el concesionario, Acciona, se encarga de los privados. La clave está en que todos los gastos de Acciona son reembolsados por el Estado a través de los Certificados por Avance de Liberación Predial (CALP).
Este mecanismo implica que, aunque el proceso de expropiaciones se retrase o enfrente trabas, el concesionario sigue cobrando por los gastos de tasación, escrituras y peritajes, los cuales se reconocen de forma automática. Además, si el Estado se demora en reembolsar, debe pagar intereses adicionales, equivalentes a la tasa legal más un 2%.
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Anillo Vial Periférico podría paralizarse
Si bien el Anillo Vial Periférico es considerado un proyecto necesario para una ciudad con avenidas colapsadas, la forma en que se ha diseñado el plan de expropiaciones lo vuelve casi inviable en la práctica.
Liberar miles de predios sin un plan social claro y con un esquema que garantiza pagos al concesionario, independientemente del avance, es una fuente potencial de conflictos sociales que podrían paralizar la obra durante años.
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Exposición en el Congreso sobre Anillo Vial Periférico
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), a través de su directora ejecutiva, Tabata Vivanco, coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el concesionario su participación en la ejecución del contrato del Anillo Vial Periférico, un proyecto clave para la conectividad de Lima y Callao.
Ante la Comisión Especial ProInversión del Congreso, detalló que este megaproyecto vial de 34,8 kilómetros conectará 11 distritos de Lima y uno del Callao, lo que reducirá los tiempos de traslado y mejorará la circulación para miles de familias.
La sesión, presidida por la congresista Rosangella Barbarán, titular de la Comisión Especial ProInversión, contó también con la participación de representantes del concesionario del Anillo Vial Periférico.
