El periodista Gustavo Gorriti enfrenta un pedido de la Fiscalía para iniciar acciones penales por el presunto delito de cohecho.
La solicitud fue presentada por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde mediante un informe de 204 páginas formalizado ante el Ministerio Público.
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El documento alcanza también a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además de Jaime Villanueva Barreto.
El requerimiento fiscal plantea que Gustavo Gorriti habría intervenido en estrategias de investigación del equipo especial Lava Jato.
Entre las imputaciones se menciona la organización de medidas de respaldo público y gestiones relacionadas a actividades académicas universitarias.
Asimismo, se indaga el acceso a carpetas fiscales reservadas y la difusión de reportajes vinculados a casos de relevancia nacional.
Imputaciones a Gustavo Gorriti
La hipótesis del Ministerio Público señala presuntas contraprestaciones entre el director de IDL-Reporteros y los fiscales del equipo especial.
Se indaga la contratación de Rafael Vela y José Domingo Pérez como docentes de derecho en la Universidad Católica.
También se evalúa la incorporación de un abogado al equipo fiscal como parte de las supuestas coordinaciones investigadas.
En la trama figura además la subdirectora de IDL-Reporteros, Romina Mella, citada en testimonios de exasesores y exfiscales adjuntos.
Las declaraciones señalan presuntas permanencias en despachos fiscales revisando documentación en horarios fuera de atención al público.
Por su parte, la defensa de Gustavo Gorriti sostiene que las diligencias representan un atentado contra el ejercicio del periodismo de investigación.
Inhibición en el Ministerio Público y posible relevo
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y otros denunciantes sustentan sus acusaciones en filtraciones e intercambios de información.
La denuncia por cohecho incluye cuestionamientos a conferencias conjuntas tras la remoción momentánea de fiscales en periodos anteriores.
Ante el pedido de inhibición formulado por la defensa técnica del periodista, se evalúan cambios en la conducción de la investigación fiscal.
El fiscal supremo a cargo manifestó su disposición a inhibirse para garantizar la transparencia del proceso en la Fiscalía.
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De concretarse la inhibición, el caso pasaría a la fiscal suprema más antigua, cargo que ocupa Zoraida Ávalos.
Con ello, Ávalos asumiría la decisión final sobre la apertura formal de la investigación preparatoria contra los implicados.
