Beto Ortiz denunció en su programa ‘Beto a Saber’ que el Tribunal Constitucional (TC) dejaría sin efecto la orden de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023.
Según el conductor, el máximo organismo jurídico del país habría sesionado con una “celeridad insólita” en la ciudad de Iquitos para resolver a favor del exgobernador regional de Junín en el marco del caso ‘Dinámicos del Centro’, ignorando la recompensa de medio millón de soles que pesa sobre él y vulnerando el orden de atención de miles de expedientes en espera.
Las advertencias de una decisión “cantada”, según Beto Ortiz
Durante la emisión de su espacio, Ortiz enfatizó que este presunto fallo no representa una sorpresa para la opinión pública, calificándolo como un escenario que su programa venía advirtiendo desde marzo de este año. El comunicador señaló que los magistrados de la alta corte habrían dilatado el anuncio de la resolución de manera estratégica con el único propósito de enfriar la coyuntura política y esperar a que la ciudadanía se distrajera con otros temas de urgencia nacional.
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“Esto para nosotros no es una noticia, estaba más cantado que el Happy Birthday”, manifestó de forma tajante el periodista, argumentando que las cartas ya estaban echadas desde hace meses atrás y que los debates actuales de la institución son solo una formalidad para encubrir una decisión que ya se encontraba previamente tomada tras bambalinas.
Cuestionamientos a la presidenta del TC
El conductor arremetió de manera directa contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, revelando que el reportero de su programa intentó comunicarse con ella vía WhatsApp para obtener declaraciones sobre el estado del hábeas corpus de Cerrón. Ante la respuesta de la magistrada, quien se excusó argumentando que se encontraba en plenas deliberaciones en la ciudad de Iquitos, el periodista reaccionó con severidad exigiendo mayor transparencia institucional.
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Ortiz criticó que el colegiado no haya exigido que el líder de Perú Libre se pusiera primero a derecho antes de evaluar sus recursos legales. Cuestionó los motivos por los cuales la máxima instancia jurídica del país se “humilla” al otorgar un trato prioritario a un prófugo, bajo el pretexto de salvaguardar sus derechos electorales como candidato, por encima del derecho a la justicia de la población peruana.
Un trasfondo político en el Gobierno
Finalmente, el análisis periodístico de Ortiz vinculó este panorama judicial con el actual escenario político del Ejecutivo. El presentador sugirió la existencia de un pacto subrepticio destinado a garantizar la impunidad de figuras de izquierda radical antes de que culmine el actual periodo gubernamental de Balcázar.
De acuerdo con sus declaraciones, la designación de ciertos funcionarios clave habría tenido como objetivo principal asegurar, por debajo de la mesa, la libertad de los aliados políticos del régimen.
