El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú aclaró este sábado que el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU), el cual califica de “arbitraria” la prisión del expresidente Pedro Castillo y pide su liberación inmediata, no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional ni es de cumplimiento obligatorio para el Estado.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería respondió de forma directa al reporte emitido por el mecanismo de la ONU, precisando que las autoridades judiciales internas mantienen la total soberanía y competencia sobre la situación legal del exmandatario, quien cumple una condena firme en el penal de Barbadillo por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
Cancillería frena el alcance del informe de las Naciones Unidas
De acuerdo con el pronunciamiento del Palacio de Torre Tagle, el grupo de la ONU es un “mecanismo de supervisión no jurisdiccional” integrado por profesionales independientes. Por este motivo, la Cancillería enfatizó que sus opiniones tienen como fin principal fomentar el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, restándoles cualquier carácter vinculante para los tribunales peruanos.
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“No constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, remarcó la institución diplomática en su comunicado.
La postura de los expertos internacionales de la ONU sobre Pedro Castillo
El pronunciamiento del Gobierno peruano surge en respuesta a las conclusiones del panel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dichos expertos determinaron que la detención de Pedro Castillo careció de base legal, argumentando que se vulneraron el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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En el documento, el grupo internacional instó al Estado peruano a adoptar medidas inmediatas para remediar la situación del exmandatario. Textualmente, el reporte señaló que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización”, una postura que ha encendido el debate político y jurídico en el país.
Una condena firme en el fuero nacional
A pesar del pedido del organismo internacional, la situación legal de Pedro Castillo en el ámbito local se encuentra firmemente definida por los tribunales del país. En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó formalmente a Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión en agravio del Estado.
