Nuevos indicios técnicos darían un giro completo a las investigaciones sobre lo ocurrido en la localidad de Colcabamba, Huancavelica. Aunque la Fiscalía sostiene que cinco presuntos futbolistas fueron ejecutados de forma extrajudicial, las pericias científicas sugieren un enfrentamiento armado.
La madrugada del 25 de abril, una patrulla de la Compañía de Comandos Pachacútec N°31 montó una operación cerca del Puente Milenio. El Ejército manejaba información de inteligencia sobre un vehículo que trasladaba presunta mercancía ilícita desde el Vraem.
A pesar de que no se encontraron sustancias ni armas en la escena, la defensa técnica plantea que la camioneta actuaba como distractor. Asimismo, se investiga si los ocupantes arrojaron el armamento al río Mantaro tras el tiroteo.
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Las pruebas científicas que sustentan la legítima defensa militar
La pieza fundamental de los uniformados radica en los informes de absorción atómica practicados a los ocupantes. Seis de los ocho pasajeros, incluidos los fallecidos y un sobreviviente, dieron positivo para residuos de disparo por arma de fuego.
A este hallazgo se suma la presencia de casquillos de calibre 380 y 9mm dentro de la camioneta. Estos proyectiles no pertenecen al equipo oficial del Ejército, lo que probaría el uso de armas ajenas a los militares.
El peritaje de balística forense N° 789-2026 determinó que los impactos en el vehículo no registran características de disparos a corta distancia.
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Contradicciones y antecedentes de los involucrados en el caso ‘La masacre de Colcabamba’
El panorama judicial se complejiza con las versiones de los sobrevivientes, en especial la de Jeanpierre Acuña Quispe. El ciudadano admitió inicialmente haber sido contratado para cargar droga, pero luego se retractó ante los medios de comunicación.
Sin embargo, Acuña Quispe firmó tres declaraciones oficiales, una junto a su defensa legal, donde descarta presiones de los uniformados. Actualmente, ocho miembros del Ejército peruano cumplen prisión preventiva por este proceso.
Finalmente, las autoridades revisan el historial del conductor del vehículo, un ciudadano extranjero que registra antecedentes por tráfico de armas en su país de origen.
