Juan Sheput, exministro de Trabajo, advirtió de forma tajante que el presidente José María Balcázar podría afrontar un proceso de acusación constitucional en el Congreso y una inmediata investigación penal en la Fiscalía de la Nación si opta por otorgar una gracia presidencial al exmandatario Pedro Castillo.
Según el exfuncionario, esta polémica medida —que viene siendo presionada desde el entorno de Castillo— configuraría un flagrante acto ilícito y un abuso de poder por parte del jefe de Estado, lo que desataría un conflicto de poderes sin precedentes y un escenario de total impunidad en el país.
Fiscalización parlamentaria y consecuencias penales, adelante Juan Sheput
El exministro Sheput enfatizó a Trome que, si bien la gracia presidencial es una facultad del Ejecutivo, el Congreso de la República no puede quedarse de “sordos, ciegos y mudos” ante un uso arbitrario de esta herramienta. Los parlamentarios tienen la obligación constitucional de activar los mecanismos de control político para sancionar al presidente Balcázar si actúa al margen de la ley.
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Asimismo, precisó que la Fiscalía de la Nación tendría que intervenir de oficio de manera inmediata. El Ministerio Público sería el encargado de determinar los delitos penales específicos en los que incurriría el mandatario al liberar a una persona que pretendió quebrar el orden democrático del país.
El rol de Roberto Sánchez en la estrategia radical
De acuerdo con el análisis de Sheput, detrás de este pedido de gracia presidencial se encuentra el congresista Roberto Sánchez, quien visitó Palacio de Gobierno esta semana con el claro objetivo de presionar al Poder Ejecutivo. Para el exministro, Sánchez es consciente de que la normativa legal vigente impide la liberación de Castillo, pero busca forzar la figura política a la brevedad.
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La intención de esta facción sería utilizar al exmandatario como un elemento disociador para generar inestabilidad y caos al inicio del próximo gobierno. Sheput señaló que Castillo no califica para ningún beneficio: no está condenado (cumple prisión preventiva), no padece ninguna enfermedad terminal y es el principal responsable de un intento de golpe de Estado.
Una polémica reforma al sistema de justicia
En paralelo a esta crisis, el presidente Balcázar anunció públicamente que el Gobierno solicitará facultades legislativas a la Comisión Permanente del Congreso para reestructurar el sistema de justicia.
La propuesta del Ejecutivo ha encendido las alarmas, ya que plantea que aquel fiscal que formalice una denuncia y no logre una sentencia condenatoria contra el acusado, no sea ratificado en su cargo. Esta medida es considerada por diversos especialistas como una abierta coacción hacia la autonomía de los magistrados.
