El Gobierno oficializó la Resolución Ministerial 0791-2026-IN, la cual define las características técnicas del equipamiento de seguridad para el Serenazgo.
Esta normativa emitida por el Poder Ejecutivo generó suspicacias debido a que las especificaciones coinciden directamente con un modelo exclusivo.
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Las pautas son de cumplimiento obligatorio para los municipios del país que ejecuten compras de cámaras corporales destinadas a la vigilancia pública.
El conductor Beto Ortiz advirtió en su programa que esta medida se da tras revelarse citas entre el expresidente José Jerí y empresario chino, Zhihua Yang.
Los encuentros previos, desarrollados en un establecimiento gastronómico, dieron origen al caso mediático conocido popularmente como Chifagate en la opinión pública.
El periodista Beto Ortiz ironizó sobre los presuntos intereses detrás de la norma, señalando que las reglas parecen diseñadas con un único postor.
Detalles de la ficha técnica aprobada por el Gobierno
El anexo técnico del sector Interior detalla condiciones físicas sumamente específicas que reducen el margen de competencia de los proveedores habituales.
Entre los requisitos se exige un peso inferior a los 115 gramos, baterías intercambiables, sistema infrarrojo y una definición de resolución de tipo 2K.
La combinación de estas variables técnicas apunta casi de manera idéntica al dispositivo GC550 desarrollado por la corporación transnacional Hytera.
Fabricantes líderes del mercado tecnológico como Motorola y Axon quedarían descalificados del proceso al no cumplir con el íntegro de las exigencias publicadas.
El alcalde Carlos Bruce criticó duramente la resolución, calificando el direccionamiento del proceso de adquisición estatal como un hecho inaceptable.
Por su parte, el legislador José Jerí negó cualquier tipo de injerencia directa o indirecta en los lineamientos técnicos del portafolio ministerial.
Jerí manifestó que la denuncia forma parte de una disputa comercial entre empresas que buscan adjudicarse los contratos con el Estado peruano.
Acciones legales y defensa de la empresa involucrada
El abogado penalista James Rodríguez sostuvo que la Fiscalía evalúa el caso bajo las figuras de negociación incompatible y colusión desleal.
Rodríguez señaló que la coincidencia temporal entre las citas privadas y la dación de la norma sustenta la hipótesis de una presunta concertación.
La empresa Hytera emitió un pronunciamiento negando vínculos contractuales con funcionarios públicos o participación en el diseño de las bases.
La sucursal de la firma asiática operaba anteriormente en oficinas ubicadas en el mismo inmueble del restaurante donde se dieron las citas.
El Gobierno mantiene la vigencia del documento legal mientras las entidades de control evalúan la legalidad del procedimiento de estandarización.
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Los órganos de control interno del sector recopilarán la documentación para determinar si existió favorecimiento indebido a los representantes internacionales.
Las bancadas de oposición en el Congreso no descartan solicitar la comparecencia del titular del Ministerio del Interior por este cuestionado proceso.
