Una grave denuncia remece el fuero fiscal tras las declaraciones de la adjunta provincial del fiscal Germán Juárez Atoche, Mayra Melgar, sobre presuntas irregularidades en carpetas fiscales.
La magistrada acusó directamente a Juárez Atoche de alterar documentos confidenciales vinculados a un proceso de colaboración eficaz.
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Los hechos modificados fueron de la diligencia oficial realizada en la sede consular de Miami, Estados Unidos, durante el año 2019.
Según la denuncia de la adjunta, el fiscal le pidió prestado el expediente del caso, pero al devolverle, revisó el documento y detectó la presencia de un sello y firma correspondientes al abogado José Luis Pinares.
La abogada del Ministerio Público contrastó de inmediato el archivo en físico con las copias digitales previamente escaneadas en su sistema.
Adjunta deJuárez Atoche identificó alteraciones en expediente
La fiscal Mayra Melgar constató que los elementos encontrados en la primera hoja del escrito no figuraban en el registro original.
El testimonio brindado por el ex fiscal Henry Amenábar confirmó que el letrado mencionado estuvo presente en la diligencia norteamericana.
Amenábar precisó desde su reclusión que se habría solicitado un beneficio económico a cambio de favorecer el trámite del empresario Gustavo Salazar.
Los cuestionamientos apuntan a que se intentó convalidar de forma posterior la participación del abogado José Luis Pinares en la sesión reservada.
Especialistas en materia penal señalaron que este tipo de conductas configuran el presunto delito de falsificación de documentos públicos.
De comprobarse los cargos, las sanciones aplicables para los funcionarios involucrados podrían alcanzar hasta los diez años de pena privativa de la libertad.
Repercusiones y medidas en el Ministerio Público
La denuncia fue derivada ante el despacho del fiscal Oliver Reggis, quien inició los procedimientos de investigación preliminar correspondientes.
Ante la gravedad del caso, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó el cese del fiscal Juárez Atoche en sus funciones de coordinador.
La resolución dispuso su retiro inmediato de la plana de fiscales superiores provisionales encargados del equipo especial de Lavado de Activos.
El magistrado fue reubicado en su plaza original de fiscal provincial, perdiendo la jerarquía que ostentaba en los casos emblemáticos de Lava Jato.
La institución dispuso el resguardo de todas las carpetas fiscales del despacho para evitar nuevas manipulaciones en las evidencias físicas.
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El proceso contra el exmandatario investigado continuará su curso bajo la supervisión de un nuevo equipo técnico asignado por la Fiscalía.
Las autoridades judiciales indicaron que se citará a todos los presentes en la reunión de Miami para el esclarecimiento definitivo de los hechos.
