Juntos por el Perú utiliza recursos económicos para financiar las movilizaciones y los recursos legales presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La controversia gira en torno a los mecanismos de recaudación digital y los millonarios montos reportados en los últimos días.
‘ContraCorriente’ accedió a uno de los grupos de WhatsApp del partido que lidera Roberto Sánchez, donde los simpatizantes coordinaban el envío de fondos individuales para cubrir los gastos de transporte de las delegaciones. Estos montos fluctuaban regularmente entre los 30 y 150 soles por persona.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Juntos por el Perú no supo responder al JNE en audiencia: “¿Sabe cómo es una valija diplomática?”
El total de las colaboraciones y transferencias declaradas por la agrupación política ascendería a la cifra de 787,599 mil soles. Este hecho ha generado múltiples interrogantes en el sector debido a las regulaciones vigentes en el sistema financiero peruano.
El principal cuestionamiento legal y técnico radica en el uso de las plataformas de billetera electrónica, específicamente Yape. Este aplicativo móvil mantiene un tope máximo de recepción de dinero que está fijado legalmente en 27,500 soles al mes por cuenta.
Váuchers y plazos vencidos
La controversia se trasladó al plano estrictamente legal cuando la organización política adjuntó un total de 300 váuchers de pago en la plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno de estos documentos bancarios registraba un valor de 1,375 soles.
La suma total depositada por concepto de tasas asciende a 412,500 soles, destinados inicialmente a sustentar las apelaciones correspondientes. El recurso buscaba impugnar los resultados de 1,751 mesas de votación en Lima y más de 600 actas de ciudadanos en el extranjero.
A pesar del millonario desembolso, la defensa legal del partido político solo logró formalizar el trámite para 150 mesas de Lima. Asimismo, se admitió el trámite para 150 mesas pertenecientes a los votantes residentes en el exterior.
El problema principal de este procedimiento radica en que la entrega de dichos expedientes se realizó fuera de plazo.
Los depósitos bancarios ejecutados no sustituyen la obligación de presentar pruebas materiales ni subsanan las omisiones de los plazos vencidos. Actualmente, la decisión final sobre la validez de los votos de miles de ciudadanos continúa en compás de espera.
