El panorama de las investigaciones fiscales dio un giro tras la difusión del informe final de la comisión investigadora del Congreso que involucra a Gustavo Gorriti.
Este documento expone una presunta red de interferencia en el caso Odebrecht.
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Según la hipótesis legislativa, las acciones habrían sido coordinadas de manera externa para orientar las decisiones del Ministerio Público.
De acuerdo con el testimonio de Jaime Villanueva Barreto, aspirante a colaborador eficaz, el periodista Gustavo Gorriti tuvo una participación directa desde el inicio del proceso.
Las declaraciones indican que en la primera mitad del año 2015 se promovió la creación de un grupo de fiscales dedicado exclusivamente a ver los temas de Lavajato.
Para concretar esta propuesta, se gestionó un encuentro de carácter reservado con el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde.
La intermediación de esta cita estuvo a cargo de la asesora de comunicaciones de la entidad fiscal, Mónica Vecco.
En dicha reunión se planteó la necesidad de contar con un magistrado a dedicación exclusiva para el caso Odebrecht.
A cambio de esta gestión, el documento del Parlamento sostiene que se ofreció un respaldo en plataformas de comunicación.
Este beneficio tenía como propósito visibilizar la gestión del titular de la institución judicial para asegurar su permanencia en el cargo.
Posteriormente, se dio la designación de Hamilton Castro como el primer coordinador del equipo especial encargado de las indagaciones.
Tensiones institucionales y presiones internas
La relación entre los encargados del despacho fiscal y el director del portal IDL-Reporteros cambió debido a desacuerdos en la conducción del caso.
El fiscal Hamilton Castro reportó que Gustavo Gorriti intentó intervenir en el desarrollo de las diligencias institucionales sin su autorización previa.
Esto motivó un distanciamiento definitivo que culminó con la reorganización de las fiscalías especializadas.
El momento de mayor tensión en la estructura fiscal ocurrió en el año 2018 tras el nombramiento de Pedro Chávarry Vallejos.
Los testimonios recogidos detallan que se realizaron reuniones en espacios públicos para sugerir los nombres de los nuevos integrantes del equipo judicial.
En estas conversaciones se propuso formalmente a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.
El reporte del Poder Legislativo describe un escenario de exigencias con plazos definidos el día de la juramentación del nuevo fiscal de la nación.
Se señala que existió una comunicación directa donde se condicionó la difusión de documentos institucionales a cambio de las resoluciones de nombramiento.
Horas después del aviso, los nombramientos de los magistrados fueron publicados de forma oficial.
Además de las coordinaciones externas, la investigación del Parlamento detectó facilidades operativas dentro de las sedes del Ministerio Público.
Se menciona que la periodista Romina Mela, integrante de IDL-Reporteros, contaba con un espacio de trabajo en las oficinas de la fiscalía provincial.
Testigos del caso señalaron que la colaboradora revisaba carpetas de carácter reservado de forma regular.
Recomendaciones y cargos legales contra Gustavo Gorriti
La comisión multipartidaria concluyó sus actividades con el pedido de iniciar acciones legales contra los principales implicados en la trama de Lavajato.
El informe final recomienda formalizar denuncias penales ante las autoridades judiciales correspondientes.
Los cargos propuestos abarcan delitos que afectan la administración pública y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Entre las figuras legales consideradas se encuentra el cohecho activo genérico por el presunto intercambio de apoyo en medios por nombramientos.
También se incluye el delito de tráfico de influencias debido a las llamadas dirigidas a frenar operativos dentro de locales periodísticos.
Por último, se tipifica la obstrucción a la justicia por la alteración en el manejo de evidencias y audios reservados.
El pronunciamiento del Congreso fue derivado a las instancias del Ministerio Público para su respectiva evaluación.
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Corresponde ahora a la Fiscalía competente determinar el inicio de las investigaciones preliminares basadas en las pruebas aportadas por los parlamentarios.
El proceso definirá las responsabilidades de los actores implicados en las decisiones del caso Odebrecht.
