El personero Miguel Tupayachi fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida en menos de 36 horas, luego de sustraer 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta presidencial en la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito de Mariano Melgar (Arequipa).
El Ministerio Público logró la rápida condena tras demostrar que el acusado aprovechó su cargo para apoderarse de este material electoral oficial. El Poder Judicial ordenó, además, que la pena sea convertida en jornadas de servicio a la comunidad y se pague una reparación civil a favor del Estado.
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Un proceso express y la recuperación del material electoral en Mariano Melgar
Según la investigación liderada por la Fiscalía del sector, el acusado utilizó su condición y libre acceso como personero de mesa para apoderarse de manera indebida del material electoral asignado a su respectiva mesa de sufragio. La alerta oportuna de las autoridades locales y de los representantes de los organismos electorales permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad y flagrancia delictiva correspondientes para estos casos de vulneración al sistema democrático.
Durante las diligencias e investigaciones preliminares se determinó la modalidad del hurto: las 261 cédulas fueron retiradas estratégicamente del local de votación, ocultas en una caja de alimentos que simulaba ser parte del refrigerio del procesado.
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Posteriormente, mediante un operativo e inspección domiciliaria, el material electoral fue hallado y recuperado intacto en la vivienda de Tupayachi. Este hallazgo contundente permitió a los fiscales reunir los elementos de convicción necesarios para sustentar la acusación y lograr la sentencia en un tiempo récord.
Pena contra personero convertida en servicio a la comunidad
Finalmente, tras la aceptación de los cargos y la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial dictó la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, debido a que el sentenciado no registraba antecedentes penales previos en el sistema judicial, la pena fue convertida a un total de 208 jornadas de servicio a la comunidad.
Asimismo, las autoridades judiciales fijaron el pago obligatorio de una reparación civil de 2,000 soles que el sentenciado deberá abonar directamente en favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución afectada por el robo del material de votación.
