El panorama legal de los once intervenidos durante la última segunda vuelta electoral por presuntos delitos electorales ha tomado un nuevo rumbo. Tras permanecer en la sede policial del distrito de Pueblo Libre, la situación jurídica del grupo se dividió: cinco de los implicados fueron puestos en libertad bajo comparecencia, mientras que los seis restantes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la sede del Ministerio Público de Lima Norte, ubicada en Los Olivos.
El proceso de liberación de los primeros cinco ciudadanos concluyó formalmente hace unos minutos. El último de ellos abandonó la dependencia policial a bordo de un vehículo particular. Aunque evitó dar declaraciones detalladas a la prensa apostada en los exteriores del recinto, el investigado llegó a confirmar brevemente que su liberación no interrumpe el proceso, ya que afrontará las indagaciones bajo la condición jurídica de comparecencia.
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Traslado estratégico a las Fiscalías Penales Corporativas tras presuntos delitos electorales
Por otro lado, las autoridades policiales confirmaron el traslado de los otros seis detenidos hacia las Fiscalías Penales Corporativas de Los Olivos. Este grupo continuará siendo investigado por el presunto delito de atentado contra el derecho de sufragio, una falta grave que busca sancionar cualquier acto que vulnere, coaccione o altere la voluntad popular en los centros de votación durante los procesos democráticos.
El traslado hacia Lima Norte responde a la necesidad de descentralizar las carpetas fiscales y asegurar que las investigaciones penales sigan los canales correspondientes según la jurisdicción territorial donde se habrían cometido o procesado los supuestos ilícitos.
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Con esta disposición, el Ministerio Público asumirá el control total de las pesquisas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en las irregularidades denunciadas durante la jornada de votación.
Mientras tanto, en los exteriores de la sede de Pueblo Libre el ambiente regresó a la calma tras el retiro de los familiares y de las defensas legales de las personas que recuperaron su libertad ambulatoria.









