La Fiscalía de Perú formalizó una solicitud de 5 años y 4 meses de prisión contra Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por presunta falsificación de información sobre los aportes partidarios ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La acusación incluye la inhabilitación definitiva para ejercer cargos como presidente del partido político.
Durante la audiencia del jueves, la fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez formalizó la acusación contra Sánchez por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. El candidato se conectó al inicio de la sesión para acreditarse ante el juez Adolfo Farfán, quien limitó el intercambio tras críticas recibidas en interacciones previas.
La representante del Ministerio Público intentó que la acusación se subsanara conforme a lo dispuesto por la Sala de Apelaciones, permitiendo así el pase al juicio oral. El juez Farfán Calderón rechazó este pedido, señalando que, debido a una variación en la acusación, el proceso penal exige un control formal y de fondo conforme al Código Procesal Penal.
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Esta decisión invalida la postura inicial de la Fiscalía, que consideraba concluido este paso, y obliga a realizar una nueva revisión de la acusación y las pruebas que se presentarán en el juicio oral.
Detalles de los hechos imputados
La Fiscalía atribuye a Sánchez la presentación de datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE relacionados con la información financiera anual del año 2018. Además, sostiene que el candidato declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020, así como sobre los gastos e ingresos de la campaña electoral para las elecciones congresales de 2020.
Entre los hechos mencionados, se incluye la declaración de un aporte en especie por el uso de un local partidario valorizado en 27,400 soles, el cual fue negado por el presunto aportante durante el proceso de fiscalización. La pena solicitada implica una privación de la libertad durante 5 años y 4 meses, más la inhabilitación permanente para ejercer funciones dentro del partido Juntos por el Perú.
Por otro lado, el Ministerio Público retiró formalmente la acusación respecto al delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en cumplimiento de una resolución de la Sala Penal de Apelaciones que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción para ese cargo.
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Cierre de campaña en Lima y recorrido nacional
En el último acto proselitista autorizado antes del balotaje del 7 de junio frente a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez realizó el cierre de su campaña presidencial ante miles de seguidores en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María. El candidato subió al escenario pasada la medianoche y anunció su intención de derogar las llamadas “leyes procrimen” como primera medida de gobierno.
El cierre en la capital marcó la conclusión de una semana de recorridos por el sur andino, con visitas a Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3. La Municipalidad Metropolitana de Lima negó al equipo de campaña el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que motivó el traslado del evento al Campo de Marte.
