El panorama para los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha dado un giro favorable. A través de una reciente adenda suscrita entre el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP), se oficializó la cancelación definitiva del cobro de la Tarifa Única para el Uso del Aeropuerto (TUUA) de transferencia para los vuelos domésticos. Esta medida exime a los viajeros nacionales de pagar un impuesto aproximado de 8 dólares cada vez que realizan una escala técnica o de conexión en la capital.
La iniciativa, impulsada desde el Congreso de la República, representa un alivio directo para el bolsillo de millones de ciudadanos procedentes de diversas regiones del país. Al respecto, el parlamentario Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, calificó este logro como el resultado de una fiscalización justa frente a lo que consideraba un abuso normativo contra los consumidores.
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Posición del Estado ante eliminación de polémico cobro de TUUA
Soto explicó que la TUUA de transferencia no formaba parte del contrato original de concesión del aeropuerto y que fue incluida de manera irregular mediante una adenda en el año 2013. Asimismo, el legislador aclaró que la eliminación de esta tarifa no significará pérdidas económicas para la empresa concesionaria, ya que el Estado peruano asumirá los costos correspondientes en estricto cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política, el cual garantiza la protección de los intereses de los usuarios.
No obstante, el debate sobre los costos aeroportuarios en el Perú aún no se ha cerrado por completo. Diversos gremios de la aviación comercial mantienen su preocupación respecto a la vigencia de la TUUA para transferencias internacionales. Los operadores del sector advierten que mantener este cobro resta competitividad al principal terminal aéreo del país frente a competidores regionales como Panamá o Colombia, donde no se aplican estas tasas, y amenaza con convertir al Jorge Chávez en uno de los aeropuertos más caros de Sudamérica.
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Ante este escenario, persisten acciones legales en el Poder Judicial contra Ositrán, el organismo regulador de la infraestructura de transporte. Mientras se define el futuro de los vuelos internacionales, los usuarios de rutas nacionales celebran una disposición que agiliza el tránsito y reduce los costos de conectividad dentro del territorio nacional.
