La minería ilegal e informal en el Perú genera una pérdida anual de 23 mil millones de soles para el Estado.
Esta actividad económica, considerada una de las más rentables del país, se encuentra en el centro del debate electoral.
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En ese escenario, el candidato presidencial Roberto Sánchez ha dirigido sus propuestas hacia este sector productivo en busca de respaldo político.
Durante un encuentro masivo en la localidad de Chala, en la región Arequipa, cientos de mineros informales esperaban al líder político.
Aunque el candidato no asistió de forma presencial, sus emisarios directos lideraron la firma de acuerdos con los gremios.
Entre los representantes destacaron Analí Márquez, candidata a la vicepresidencia, y el exfiscal José Domingo Pérez.
Los delegados de la campaña suscribieron un documento donde se comprometen a modificar el marco normativo actual que regula la actividad.
La principal promesa electoral se centra en desarmar las medidas punitivas que el Poder Ejecutivo implementó recientemente.
Este acercamiento busca consolidar el caudal de votos de un sector que exige menor fiscalización estatal.
Propuestas de Roberto Sánchez
El compromiso firmado contempla la derogación del Decreto Legislativo 1695, una norma promulgada para endurecer el control del sector.
La anulación de esta ley implicaría reducir los castigos aplicados al tráfico de maquinaria pesada e insumos químicos.
Asimismo, disminuiría las sanciones penales para quienes comercializan minerales de origen ilícito en el territorio nacional.
El historial parlamentario de Roberto Sánchez muestra iniciativas previas orientadas en la misma dirección legislativa dentro del Congreso.
El legislador impulsó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, conocido formalmente como Reinfo.
Este sistema, diseñado inicialmente con un carácter temporal, extendió su vigencia de manera consecutiva en los últimos años.
Además, el candidato fue coautor de la Ley 31989, la cual eliminó facultades regulatorias contra el uso de explosivos.
Dicha disposición legal permitía a las autoridades actuar directamente contra insumos utilizados en operaciones al margen de la ley.
Estas acciones conjuntas forman parte de una agenda política que busca la flexibilización de la fiscalización ambiental y penal.
El impacto económico y la defensa del candidato
Por su parte, Roberto Sánchez defiende sus propuestas argumentando la necesidad de proteger a los pequeños productores artesanales.
Según el postulante, miles de ciudadanos intentan formalizarse dentro de un sistema estatal burocrático que no ofrece soluciones reales.
La falta de ordenamiento territorial mantiene a muchos trabajadores en una situación de vulnerabilidad legal.
Especialistas señalan que detrás de la informalidad conviven tanto pequeños mineros como organizaciones que aprovechan los vacíos legales existentes.
Las prórrogas constantes del Reinfo y la reducción de penas dificultan la labor de los organismos de control del Estado.
La discusión actual trasciende el ámbito jurídico para convertirse en un eje central de la disputa electoral.
Los gremios informales e ilegales demandan una representación política directa que lleve sus reclamos a las instituciones de gobierno.
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La campaña presidencial en curso ha asumido formalmente estas demandas mediante actas firmadas y validadas ante las bases de Arequipa.
El debate sobre el futuro de los recursos naturales y la legalidad permanece abierto en la agenda pública.
