El último miércoles 27 de mayo, Luz Pacheco sorprendió al renunciar a la presidencia del Tribunal Constitucional, que está atravesando crisis sin precedentes.
La abogada sustentó que su decisión se debió por razones supuestamente administrativas. Sin embargo, el programa ‘Beto a Saber‘ descubrió que el verdadero motivo tiene que ver con el prófugo menos buscado de la historia, Vladimir Cerrón.
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Esta historia comienza a inicios de año cuando la defensa de Cerrón interpuso un habeas corpus que anule su prisión preventiva, ya que el líder el exgobernador de Junín quería participar presencialmente en estas elecciones.
Ponemos este caso sobre la mesa porque los actuales magistrados llegaron al Tribunal Constitucional gracias a los votos de Perú Libre. Más aún cuando el presidente de la República, José Balcázar, presidió la comisión para elegir a los magistrados en el 2021. Dispuestos a devolver el favorcito, el caso de Vladimir Cerrón pasó a debatirse en el menor tiempo posible.
Cuando su liberación ya solo dependía de la votación de los magistrados, Luz Pacheco puso el freno porque aceptó que dicho proceso no siguió con el circuito regular.
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Más pruebas
En la interna del Tribunal Constitucional viene pudriéndose desde hace meses cuando el 13 de febrero la magistrada Pacheco realizó una denuncia en la comisaría de San Isidro por irregularidades dentro de la institución que presidía hasta hace unos días.
Resulta que la magistrada denunció a la jefa de Recursos Humanos, Susana Távara Espinoza, de actos delictivos dentro de la entidad; en otras palabras, la denunció por ‘mochasueldo’.
Incluso el jefe de Espinoza, Rodolfo Albán Guevara, y director general de administración, es señalado por Pacheco de ser el principal motivo de su renuncia.
Pacheco nunca hizo público esto a pesar de que ella misma reconoció ante la Policía Nacional la existencia de una banda delictiva dentro del Tribunal Constitucional.
Una batalla campal dentro del Tribunal Constitucional, y la renuncia de Pacheco es el reflejo de cómo las presiones y los intereses políticos han puesto de cabeza al máximo intérprete de nuestra Constitución.
