El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el debate presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se realizará el 31 de mayo en Lima.
Sin embargo, la campaña de Juntos por el Perú enfrenta su momento más crítico.
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Apenas cuatro días antes del encuentro electoral, este 27 de mayo, se iniciará un proceso judicial clave.
El candidato presidencial deberá sentarse en el banquillo de los acusados por presunto falseamiento de información.
El Ministerio Público solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para el líder político.
Se le imputan delitos de falsa declaración en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los detalles del caso contra Roberto Sánchez
La investigación fiscal gira en torno a las campañas electorales de los años 2018 y 2020.
En dichos periodos, la organización Juntos por el Perú declaró oficialmente ante la autoridad electoral “cero ingresos”.
La hipótesis de la Fiscalía detalla que William Sánchez Palomino, hermano del postulante, recibió dinero bajo sospecha.
Habría percibido más de 204 mil soles en sus cuentas personales que luego se derivaron al investigado.
Especialistas señalan que este juicio debilita la posición legal del postulante de cara a los comicios.
Un eventual gobierno suyo nacería con una vulnerabilidad ante denuncias constitucionales en el Parlamento.
Analistas políticos advierten el riesgo de una vacancia presidencial debido a la actual configuración del Congreso.
La falta de puentes legislativos sólidos podría agudizar la crisis de ingobernabilidad en el país.
Antecedentes en el Congreso y las alianzas políticas
La trayectoria del investigado registra coordinaciones previas dentro del Poder Legislativo para mantener su postulación activa.
En su momento, 15 parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular votaron en contra de su desafuero.
Existen cuestionamientos sobre presuntas transacciones personales y pactos de conveniencia para salvaguardar su carrera política.
Durante la gestión de Pedro Castillo, se desempeñó como ministro en cuatro gabinetes consecutivos.
Declaraciones de colaboradores eficaces en el caso ‘Los Niños’ lo vinculan con presiones internas en el Parlamento.
Se le señala como operador para articular votos en contra de las mociones de vacancia del exmandatario.
Durante el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el exministro renunció de inmediato.
Al momento de la votación en el Pleno, optó por la abstención para evitar el rechazo institucional.
Posteriormente, en junio de 2024, el partido Juntos por el Perú formalizó un acuerdo con Antauro Humala.
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No obstante, ante la reacción negativa del electorado, el exministro relegó al líder etnocacerista a acompañante informal.
El actual proceso judicial marca la pauta de la agenda informativa del balotaje. El Poder Judicial determinará la responsabilidad del candidato a las puertas de la transición institucional de 2026.
