El escenario político peruano vuelve a agitarse tras las recientes declaraciones del presidente interino, José María Balcázar, quien durante una accidentada pero reveladora visita a la ciudad de Iquitos, dejó abierta la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022.
Ante la consulta directa de la prensa sobre si otorgaría la libertad al exmandatario, Balcázar no optó por una negativa tajante. Por el contrario, su respuesta introdujo un matiz administrativo que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos: “Eso está… depende de que presente su solicitud correspondiente”, afirmó el jefe de Estado, trasladando la responsabilidad de la iniciativa a la defensa legal de Castillo.
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José María Balcázar: discurso de “mea culpa” y deslices temporales
La jornada en Loreto no solo estuvo marcada por la sombra del indulto. Balcázar, acompañado por el primer ministro Luis Arroyo, mantuvo un encuentro con el gobernador regional Jorge René Chávez (Somos Perú). En este contexto, el presidente interino ensayó un tono de autocrítica respecto a la clase política actual, señalando que la ciudadanía exige perfiles con mayor preparación.
“Las últimas elecciones son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú. Ya no quieren políticos improvisados como hemos sido nosotros”, sentenció Balcázar.
Sin embargo, la solemnidad del discurso se vio empañada por una aparente confusión sobre el calendario constitucional. El mandatario afirmó que trabajaría hasta el 31 de julio para entregar la posta, ignorando que la transferencia de mando debe realizarse, por mandato legal, el 28 de julio.
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Reacciones en el espectro político
La apertura a un posible indulto ha sido interpretada por analistas como un gesto de distensión hacia las bases que aún respaldan al exmaestro de Chota, aunque representa un riesgo alto frente a la opinión pública que exige justicia por el quiebre democrático de 2022.
Mientras el ‘fantasma’ del 7 de diciembre recorre nuevamente los pasillos de Palacio, la gestión de Balcázar parece navegar entre la autocrítica por la improvisación y la ambigüedad jurídica frente a uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país.
