Juntos por el Perú (JPP), liderada por Roberto Sánchez, está el ojo de la tormenta tras la detención de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel. La candidata a diputada por Lima fue capturada en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Diviac.
El operativo desbarató a la banda criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria‘. Según las investigaciones, esta organización se dedicaba a la extorsión de comerciantes en el emporio comercial de Gamarra. Las pesquisas fiscales señalan que el grupo cobraba cupos por el uso de espacios públicos en las calles victorianas.
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Roberto Trujillo, jefe de la Diviac, identificó a Carbonel, conocida con el alias de ‘Jhuly‘, como la presunta lugarteniente de la red.
La organización criminal estaba presuntamente liderada por Juan Manuel Núñez, alias ‘Negro‘ o ‘Pelao‘. La implicada habría tenido el control de los cobros realizados de manera diaria y semanal.
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Presuntos aportes ilícitos
La investigación fiscal revela que la red criminal recaudaba montos significativos mediante el cobro de cupos. Los comerciantes extorsionados pagaban hasta 200 soles diarios, lo que representaba un ingreso mínimo de 2 mil soles mensuales por víctima. El abogado penalista Yann Verheye sugirió que estos fondos podrían haber ingresado al partido.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido instada a investigar los aportes de campaña de la candidata. Carbonel reportó ingresos menores a 2 mil 500 soles durante la primera vuelta electoral, cifra que resulta cuestionable para las autoridades.
¿Cuántos años podría ir a prisión?
El marco legal peruano, específicamente el Código Penal en su artículo 200, contempla sanciones severas para estas actividades. Por la modalidad agravada de extorsión, la candidata de Juntos por el Perú podría enfrentar una condena de entre 15 y 25 años de prisión. A esto se sumarían otros delitos que la Fiscalía determine en el proceso.
El caso trasciende la figura de la candidata, alcanzando a la Municipalidad de La Victoria. Durante las diligencias, se allanó la vivienda del alcalde Rubén Cano, ante la presunción de vínculos con la organización. Se investiga si funcionarios de alto rango facilitaron el control de las zonas comerciales para la extorsión.
La Fiscalía continúa con el análisis de las evidencias recogidas en los allanamientos para determinar el alcance real de la red. La detención de Carbonel es considerada por los investigadores como el inicio de un caso más complejo de corrupción y crimen organizado.
