El presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, se encuentra bajo el escrutinio público luego de que se difundieran diversos servicios prestados al Estado a través de su empresa, Asociación Civil Lucaris.
Estos hallazgos han generado un debate sobre el conflicto ético que supone que el líder de una organización encargada de vigilar la neutralidad electoral mantenga vínculos comerciales directos con organismos.
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Los servicios dados incluyen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), generando fuertes cuestionamientos.
Facturación y servicios contratados
Los registros de proveedores del Estado detallan una serie de contratos adjudicados a la empresa del presidente de Transparencia.
Entre los más destacados figura un servicio de “motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos” contratado por el JNE, por un monto de 42,500 soles.
No obstante, este no es un caso aislado; entre los años 2024 y 2025, Henzler también brindó servicios de docencia diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores, percibiendo ingresos superiores a los 20,000 soles.
Adicionalmente, la Asociación Civil Lucaris ha registrado órdenes de servicio con otras carteras ministeriales.
En 2023, se reportó una asistencia técnica para la Dirección Regional de Educación de Lima por 15,000 soles.
Otros contratos incluyen servicios de planificación y alineamiento estratégico para el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y el Ministerio de Educación.
Incluso se registra una consultoría para el Ministerio de la Producción por un valor de 32,400 soles, consolidando una red de servicios que diversifica los ingresos de la empresa vinculada al directivo.
Chats y reacciones del entorno del presidente de Transparencia
La difusión de estos contratos ha venido acompañada de la filtración de comunicaciones en grupos de mensajería privada.
En estos chats, el presidente de Transparencia intentó justificar los servicios prestados alegando que los montos facturados representaban menos del 2% de las ganancias anuales de su empresa, la cual factura más de 2 millones de soles al año.
Esta explicación, lejos de calmar las críticas, ha intensificado las voces que exigen una mayor independencia en los organismos fiscalizadores.
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Figuras políticas y exparlamentarios han señalado que la sola existencia de acuerdos comerciales con instituciones que deben ser supervisadas, como el JNE o la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) —donde también se registró un contrato por 10,000 soles en 2018—, vulnera la objetividad necesaria para su cargo.
A pesar del respaldo recibido por figuras como Marisol Pérez Tello, la opinión pública cuestiona si la asociación civil mantiene su posición de “conciencia crítica” de la sociedad civil o si su postura ideológica está influenciada por su rol como proveedor recurrente del Estado peruano.
