Diversos especialistas advierten que Juntos por el Perú contará con representantes vinculados directamente a la minería informal en las dos cámaras legislativas.
Esta situación no es aislada, ya que el país se ha consolidado como el epicentro de la minería ilegal en la región.
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Durante el último año, esta actividad habría movilizado más de 11,500 millones de dólares, superando ampliamente a otros delitos transnacionales.
El impacto económico de la informalidad es severo para las arcas del Estado peruano y sus gobiernos regionales.
Aproximadamente el 50% del metal precioso que sale del país no paga impuestos ni canon minero al provenir de fuentes ilícitas.
Candidatos de Juntos por el Perú con mayor influencia minera
En la provincia de Antabamba, región Apurímac, resalta la figura de Jesús Pérez, quien se desempeñó como dirigente minero.
Pérez ha logrado un espacio como diputado virtual, representando los intereses de un sector que opera al margen de la normativa ambiental.
Por otro lado, la región de Madre de Dios, severamente afectada por la depredación amazónica, tendrá como senador a Hugo Cahuana.
El parlamentario electo cuenta con el respaldo de los sectores extractivos que operan en la zona conocida como “La Pampa”.
En la misma línea, el partido Juntos por el Perú sumó a Andrés Ramos, otro senador electo por Apurímac.
Ramos mantuvo una postura crítica frente a la gran minería, mientras defiende abiertamente la continuidad de las labores informales.
La presencia de estas figuras en el Congreso bicameral genera preocupación sobre la fiscalización del Reinfo.
Este registro ha sido extendido en reiteradas oportunidades, permitiendo que mineros con inscripciones suspendidas eviten acciones legales o policiales.
El impacto de las leyes en la fiscalización ambiental
La influencia de este sector no se limita a un solo partido político, pues otras bancadas también integran a exparlamentarios reelectos.
Estos legisladores promovieron leyes que limitan las facultades de la Policía Nacional para incautar explosivos en zonas de extracción.
Entre los nombres que regresan al Parlamento se encuentran figuras de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Muchos de ellos votaron a favor de la Ley 31989, la cual es señalada por debilitar la lucha contra el crimen organizado.
La región de La Libertad también tendrá representación vinculada a este rubro a través de Gilmer Trujillo.
En su trayectoria previa, Trujillo fue coautor de proyectos que buscaban excluir a la minería ilegal de la categoría de organización criminal.
Expertos como César Ipenza señalan que la agenda de estos representantes busca frenar la actividad formal y el control estatal.
El objetivo principal sería garantizar la permanencia de un modelo que utiliza mercurio y destruye ecosistemas amazónicos protegidos.
El partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, no es el único bajo la lupa por el origen de sus votos.
Partidos como Ahora Nación también lograron escaños con candidatos que figuran con inscripciones vigentes en el padrón del Reinfo.
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La situación se torna más compleja ante la posible llegada de líderes políticos a la presidencia que han sido permisivos con este sector.
La falta de control sobre los millones sucios de la minería ilegal plantea un desafío para la seguridad nacional y la democracia.
