En una jornada decisiva para las investigaciones por presunta corrupción en el sistema electoral, el Poder Judicial determinó declarar infundado el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión fue confirmada por su abogado, Ricardo Sánchez, tras la resolución emitida por el magistrado Manuel Chuyo.
Pese a evitar la privación de su libertad, la situación legal de Corvetto sigue siendo compleja. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, si bien rechazó la detención, sí dio luz verde a una serie de allanamientos simultáneos que se ejecutaron desde las primeras horas de este viernes.
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Megaoperativo en curso por presunta colusión
Bajo la dirección del fiscal Raúl Martínez y con el apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, las autoridades han intervenido un total de 12 inmuebles. Esta medida no solo incluye la residencia de Corvetto Salinas, sino también las viviendas de los exfuncionarios de la ONPE, José Samamé y Juan Fang, además del domicilio del representante legal de la empresa Galaga SAC.
La tesis fiscal apunta a la presunta comisión del delito de colusión agravada. Según las pesquisas, existirían irregularidades en procesos de contratación que vinculan a la alta dirección del ente electoral con proveedores privados. Durante las diligencias, el Poder Judicial autorizó la incautación de dispositivos electrónicos, como celulares y laptops, así como documentación relevante para el caso.
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Antecedentes de la medida contra Piero Corvetto
El pedido de detención había sido oficializado el pasado miércoles 22 de abril por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien subrayó la necesidad de la medida para asegurar el avance de las investigaciones. No obstante, el juez Chuyo consideró que no se cumplían los presupuestos necesarios para restringir la libertad del investigado en esta etapa.
Cabe destacar que Corvetto ya había mostrado gestos de colaboración al entregar voluntariamente sus pasaportes (peruano e italiano) a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual habría sido un factor clave para desestimar el peligro de fuga.
