Nuevas denuncias de irregularidades durante la jornada electoral pusieron el foco sobre el colegio Markham, en Miraflores.
Según testimonios de miembros de mesa y registros audiovisuales, se habría producido un presunto sabotaje operativo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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La denuncia fue ante el retraso deliberado de la apertura de los centros de votación.
A pesar de que el material electoral llegó al recinto en camiones de la empresa Galaga a las 3:22 a. m., las mesas no se instalaron hasta varias horas después.
La situación generó caos y malestar entre los ciudadanos que esperaban cumplir con su deber civil.
Evidencias del sabotaje en la instalación de mesas
Los registros de cámaras de seguridad confirmaron que dos camiones descargaron todo el material necesario a las 4:29 a. m.
Sin embargo, Inés Elejalde, miembro de mesa en dicho colegio, denunció que el personal de la ONPE retuvo los suministros bajo el argumento de que “no tenían la orden de sacar el material”.
Este retraso no respondió a un problema logístico externo, sino a una consigna interna de dosificación lenta de los recursos.
Testigos presenciales, incluidos porteros y miembros de mesa, señalaron que la infraestructura estaba lista desde las 5:00 a. m.
Sin embargo, la inacción de los comisionados impidió el inicio del sufragio en el horario previsto, lo que ha sido calificado por los afectados como un sabotaje administrativo.
Irregularidades en el transporte
La empresa de transportes Galaga deslindó responsabilidad sobre estos retrasos.
Cristian Castillo Luna, abogado de la compañía, informó que la ONPE nunca entregó los cronogramas, rutas ni planes operativos exigidos por contrato.
La falta de conducción fue evidente también en el almacén de Lurín, donde más de 100 camiones permanecieron paralizados horas antes de la elección.
Según denunció la empresa, hubo ausencia de comisionados de la entidad electoral.
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Según informes de la Contraloría, esta situación se replicó en otros 13 locales de votación que no recibieron equipos informáticos ni materiales a tiempo.
Este patrón de conducta sugiere un sabotaje sistémico que afectó la legitimidad del proceso en diversos puntos de la capital, dejando a miles de electores sin una respuesta clara sobre la gestión de su voto.
