La permanencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) generó un intenso debate político.
Su continuidad se consolidó en el año 2024 tras una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Este proceso de ratificación no estuvo exento de complicaciones administrativas y legales desde su inicio.
Inicialmente, el funcionario no logró los votos necesarios para mantenerse en el organismo electoral.
En mayo de 2024, los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello se encontraban suspendidos por el Congreso. Bajo ese escenario, la JNJ decidió no ratificar al jefe de la ONPE en primera instancia.
Sin embargo, el funcionario presentó un recurso de reconsideración para revertir la decisión inicial del pleno.
Dos meses después, con el retorno de Vásquez y Tello, la situación legal del jefe de la ONPE cambió.
Cuestionamientos a la ratificación de Piero Corvetto
Expertos y analistas señalan que este respaldo respondería a una presunta red de favores políticos.
El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde afirma que sectores vinculados a la izquierda habrían facilitado su permanencia hasta el año 2028.
“(¿Recibió ayuda de la izquierda?) Sí, evidentemente. Sus inconductas ayudaron al triunfo de Castillo y de Dina, favor con favor se pagan”, expresó.
Con este nuevo periodo, Piero Corvetto tendrá la responsabilidad de organizar los próximos comicios regionales.
No obstante, su gestión enfrenta críticas por el manejo de los recursos públicos institucionales.
Una de las denuncias principales involucra el gasto de 49 millones de soles en un terreno en Lima.
A esto se suman acusaciones sobre presuntas anomalías detectadas en procesos electorales previos.
El retraso en la entrega del material electoral generó nuevas sospechas sobre la eficiencia de la ONPE en estas elecciones 2026.
Investigaciones preliminares y futuro legal
Ante los hechos registrados el último domingo, la JNJ emitió comunicado firmado por su presidenta, María Teresa Cabrera.
La Junta anunció el inicio de investigaciones preliminares de oficio contra el jefe del organismo.
García Belaúnde sostuvo que la Junta Nacional de Justicia debió abstenerse de ratificarlo originalmente.
Indicaron que las irregularidades acumuladas podrían derivar en procesos judiciales de carácter penal en el futuro.
El abogado Andy Carrión ha seguido de cerca las incidencias sobre el presunto fraude electoral y las fallas logísticas.
Por su parte, otros especialistas sugieren que incluso el domicilio del funcionario podría ser allanado.
La controversia también alcanza al Ejecutivo, sugiriendo una posible presión del gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte en este proceso.
El debate sobre la transparencia en los organismos electorales continúa siendo un tema de agenda nacional.
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Actualmente, el titular del organismo electoral percibe un sueldo mensual de 25 mil soles por sus funciones.
Su futuro profesional y legal dependerá ahora de los resultados que arrojen las investigaciones de la JNJ.
