El candidato presidencial, Jorge Nieto Montesinos, en el centro de la polémica tras la difusión de documentos que acreditan su paso por el gobierno de Alberto Fujimori.
Aunque el político sostuvo recientemente que su labor estatal se limitó a un concurso público para la agregaduría cultural en México, nuevas pruebas revelan un vínculo directo con el fujimorismo.
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De acuerdo con resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, el hoy aspirante a Palacio ocupó el cargo de asesor de confianza en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Jorge Nieto Montesinos en cargos de confianza
La investigación periodística expone la Resolución Suprema N° 014-95-RE, que designa a Jorge Nieto Montesinos como asesor de la Dirección General de Asuntos Culturales.
Este nombramiento, fechado el 17 de enero de 1995, lleva la rúbrica del entonces presidente Alberto Fujimori y del canciller de la época, Efraín Goldenberg.
A diferencia de un puesto obtenido por concurso, este cargo fue de nivel F-3, clasificado explícitamente como “cargo político de confianza” dentro de la estructura de la Cancillería.
Nieto Montesinos permaneció en estas funciones hasta el 10 de junio de 1996, periodo en el que se gestaron decisiones políticas controversiales como la Ley de Interpretación Auténtica.
En aquel año, el régimen fujimorista enfrentaba serios cuestionamientos por la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional y graves denuncias de narcotráfico.
El contexto político de la época
La presencia de Jorge Nieto Montesinos en el aparato estatal coincidió con momentos críticos para la democracia peruana, marcados por el control institucional del Ejecutivo.
En 1996, mientras Nieto ejercía como asesor, el país presenciaba el debilitamiento de las instituciones y la consolidación de la red de influencia de Vladimiro Montesinos.
Resulta paradójico que el candidato intente desmarcarse de este periodo histórico, alegando desconocimiento de los detalles operativos del gobierno al que sirvió directamente.
La trayectoria de un funcionario en puestos de alta dirección implica una responsabilidad política y ética que hoy es puesta bajo la lupa por el electorado.
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La transparencia sobre el pasado profesional de los candidatos es fundamental para el voto informado, especialmente cuando se trata de figuras con aspiraciones presidenciales.
Con estas revelaciones, el discurso de renovación que promueve el postulante se enfrenta a la contundencia de los archivos históricos de la administración pública nacional.
