Carlos Álvarez, candidato presidencial por el partido ‘País para Todos’, lanzó una advertencia clara. En diálogo con ‘Exitosa’, sostuvo que cerraría el Congreso de la República si ese organismo pone trabas a su gestión y a las iniciativas para enfrentar la crisis de seguridad. Asimismo, manifestó que no pactaría con los legisladores.
En esa línea, el aspirante a la presidencia fue consultado sobre cómo manejaría la situación si llega al sillón presidencial y su propuesta legislativa se topa con resistencia en el Parlamento.
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“Estamos en punto de quiebre, el país está a la deriva, no encuentra un puerto donde anclar y si seguimos en esta situación los presidentes siempre rehenes del Congreso, siempre manipulados, siempre hijos de este pacto debajo de la mesa, no vamos a llegar a ningún lado”, enfatizó. Y añadió: “Invoco a los electores a que elijan a los mejores… lo tendremos que cerrar, lamentablemente”.
Primero la vida de los peruanos
Álvarez indicó que, para él, primero está “la vida de los peruanos” y “pacificar el país”. En ese sentido, subrayó que la población exige un cambio profundo, un “golpe de timón”, porque, según su lectura, el país está “secuestrado por la corrupción e inseguridad”.
Carlos Álvarez sobre salida de la CIDH
En otro tramo de la entrevista, Álvarez abordó su propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Explicó que, en su eventual Gobierno, priorizaría “castigo y sanción al delincuente, al sicario, al que no respeta la vida del peruano”. Según su criterio, los malos fiscales y magistrados dejan en libertad a criminales que luego vuelven a atacar a la población. “He visto a la luz de los hechos que aquí necesitamos castigo, sanción al delincuente”, sostuvo.
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El comediante y aspirante presidencial también se mostró de acuerdo con la implementación de la pena de muerte, aunque aclaró que solo aplicaría “en casos de flagrancia”. Para Álvarez, la justicia actual es “garantista para el sicario y el criminal”, y no para las víctimas. En esa línea, defendió la salida de la CIDH como un paso para endurecer el marco punitivo y restablecer la sensación de seguridad entre los ciudadanos.
