El Gobierno oficializó la designación de Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El nombramiento se formalizó mediante la Resolución Suprema 054-2026, que lleva la firma del presidente José María Balcázar y el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.
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El sistema penitenciario en el Perú atraviesa un escenario complejo donde las cárceles han dejado de ser solo espacios de reclusión para convertirse en presuntos centros de poder.
Desde estos establecimientos se habrían coordinado delitos graves como extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de redes criminales peligrosas.
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La llegada de Cotos Ochoa responde a la necesidad de cubrir una vacante y asegurar la continuidad administrativa de la institución. No obstante, su asunción ocurre en uno de los periodos más críticos para la seguridad ciudadana y el control de los penales.
Una trayectoria con denuncias
A diferencia de otros perfiles, el nuevo titular es un funcionario de carrera que conoce la estructura interna del organismo. Su historial profesional incluye la jefatura de las oficinas regionales de Lima, el Sur y el Norte del país.
Esta experiencia le ha permitido tener bajo su responsabilidad directa gran parte del mapa penitenciario peruano. Sin embargo, su trayectoria técnica no está exenta de observaciones en su historial administrativo.
‘ContraCorriente’ descubrió que tiene algunas sombras en su historial. El nuevo jefe de las cárceles registra dos denuncias en su contra. Una de ellas por abuso psicológico contra su cónyuge. Otra por abuso de autoridad.
Sus desafíos al frente del INPE
La rotación de autoridades ha sido una constante en la actual gestión del mandatario del expresidente censurado José Jerí. Cotos Ochoa es el tercer presidente del INPE en un periodo corto, precedido por Iván Paredes Yataco y Shadia Valdez.
Actualmente, el sistema alberga a más de cien mil internos en todo el territorio nacional. Los informes actuales señalan que la corrupción interna facilita el ingreso ilegal de teléfonos celulares a las celdas.
El nuevo presidente enfrenta el reto de modernizar procesos estancados, como el sistema de grilletes electrónicos. Su gestión deberá enfocarse en recuperar el control territorial de los penales frente al crimen organizado.
