Tras la censura del expresidente José Jerí, el análisis de su breve periodo en el poder revela un escenario crítico en seguridad ciudadana. Durante los 131 días que duró su mandato, se registraron aproximadamente 750 homicidios a nivel nacional.
Según el analista de datos criminales Pedro Yaranga, estas cifras representan un promedio de más de seis muertes violentas por día. No obstante, otras estadísticas sugieren que la cifra real podría superar los 10 fallecidos diarios en todo el país.
Este incremento en la criminalidad organizada marca una subida de más de 10 puntos en comparación con el año 2025. El sicariato se concentró principalmente en la capital, caracterizándose por el uso frecuente de armas de fuego y explosivos.
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José Jerí descuidó al sector de transporte
El gremio de transporte fue uno de los sectores más golpeados por la ola de violencia y ataques directos. Martin Ojeda, líder del gremio, señaló que el 70% de los asesinatos en su sector fueron perpetrados con proyectiles de armas de fuego.
A pesar de las reuniones con el Ejecutivo, los transportistas denuncian el incumplimiento de acuerdos básicos para su protección. Entre las promesas fallidas destacan la instalación de cámaras de seguridad en los buses y la creación de una unidad interinstitucional.
La crisis se agudizó en enero de 2026, mes en el que se reportaron rachas de siete atentados en apenas cuatro días. Esta situación forzó al sector a realizar paralizaciones y huelgas ante la falta de prevención en las calles.
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Discrepancias en las cifras de extorsión y planes postergados
Existe una brecha significativa entre las denuncias por extorsión registradas por el Ministerio Público y el sistema policial SIDPOL. Mientras la Fiscalía reportó 1928 casos en enero de 2026, la Policía solo consignó 1193, dejando un desfase de 735 víctimas invisibilizadas.
El tan anunciado Plan Nacional de Seguridad sufrió dos postergaciones consecutivas antes de ser presentado apresuradamente. Irónicamente, el documento fue entregado el mismo día de la censura de Jerí, sin haber sido expuesto ni debatido previamente.
La inestabilidad política también afectó la gobernabilidad, dificultando la coordinación con instituciones como la ATU y el Ministerio de Transportes. Al cierre de esta gestión, el sentimiento de abandono persiste en un sector que sigue enfrentando ataques cotidianos.
