La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho.
Esta medida respondió a su actuación como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
- TAMBIÉN PUEDES VER: José Jerí confirmó que celebró su cumpleaños en Cieneguilla: “Se hizo producto de la organización de mis amigos”
El procedimiento se estableció ante presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de un incidente de apelación dentro de sus funciones judiciales.
Detalles del informe de JNJ
La decisión de la JNJ se encuentra formalizada en el Informe n.° 007-2026-GATRP-JNJ, emitido el 27 de enero de 2026.
Este documento tiene su origen en la denuncia n.° 144-2026-JNJ, la cual fue impulsada tras los hechos comunicados por el Tribunal Constitucional a través del Oficio n.º 001-2026-OTDA/TC, con fecha del 19 de enero del presente año.
Según la documentación remitida por el TC, los hechos materia de análisis están vinculados específicamente a la gestión del incidente de apelación correspondiente al expediente n.º 00203-2024-13.
Dicho procedimiento se encontraba bajo la responsabilidad del juez Concepción Carhuancho en el contexto de un proceso penal que se sigue ante la justicia especializada nacional.
Investigación contra Richad Concepción
La institución consideró que los elementos presentados justifican el inicio de esta etapa indagatoria para determinar si el proceder del magistrado se alineó con los deberes funcionales y los principios procesales exigidos por la ley.
La investigación preliminar busca verificar el cumplimiento de los estándares de conducta que rigen el ejercicio de la magistratura en el sistema judicial peruano.
- TAMBIÉN PUEDES VER: JEE de Lima Centro aceptó renuncia de exprocurador Antonio Maldonado a su candidatura al Senado por Ahora Nación
Bajo la presidencia de la doctora María Teresa Cabrera Vega, la JNJ reafirmó su competencia constitucional para supervisar y evaluar el desempeño de jueces y fiscales.
El objetivo institucional de este proceso es garantizar que la actividad jurisdiccional se ejecute en estricto cumplimiento del debido proceso, la independencia y la legalidad.





