La sentencia de 20 años de prisión contra el ex comando Chavín de Huántar, Roberto Villar Chamorro, se convirtió en un nuevo capítulo de la controversia generada por la inaplicación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de la República.
La resolución, expuesta en un reporte de Willax TV, desató cuestionamientos desde el Parlamento y reavivó el debate sobre excesos judiciales en procesos vinculados a valerosos militares.
Un comando condecorado que hoy enfrenta prisión
Villar Chamorro, recordado por su participación en la operación de rescate en la residencia del embajador de Japón, mantenía un testimonio firme sobre su actuación al servicio de la nación.
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“No lo hice por mí, no lo hice porque me lo ordenaron unas personas; lo hice porque tengo hermanos, por la juventud, por el pueblo en general, para que la sociedad tenga un país tranquilo”, expresó años después del recordado operativo Chavín de Huántar.
Hoy, su situación es muy distinta. El militar en retiro fue condenado por el asesinato de ocho personas en 1994, en el caserío de Cayumba Chico, en Huánuco, un proceso que su defensa asegura se fundamenta en pruebas insuficientes.
Familia y defensa denuncian irregularidades
Su esposa, Anabel Medina, cuestionó la decisión entre lágrimas, al afirmar ante Willax que la sentencia se apoya en narrativas sin sustento pericial.
“Él ha dado todo por su país. Es injusto que salgan portadas de violador, de asesino de niñas, etcétera, cuando en las necropsias no hay indicios ni siquiera de que han sido violadas… no lo dice la necropsia”, manifestó.
La abogada del sentenciado, Vanessa Alfaro, añadió que todo el caso se sostiene en una única versión. “Sustentando y empleando solamente la versión de una persona que ni siquiera ha concurrido a juicio”, declaró.
Cuestionamientos por contradicciones en el proceso
De acuerdo con la defensa, el testimonio principal presenta inconsistencias que pondrían en duda su solidez.
“Las contradicciones son evidentes. Por un lado, inicialmente indicaba que se trataba de 18 cadáveres, luego en la declaración del día 13 solamente manifiesta o identifica, precisa la muerte de 8 pobladores de Cayumba Chico”, sostuvo.
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Alfaro remarcó que no hay necropsias, ni identificación de víctimas adicionales, ni evidencia material que respalde la imputación.
Fernando Rospigliosi denuncia prevaricato y sesgo
La sentencia generó la inmediata reacción del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien señaló que el juez del caso decidió ignorar deliberadamente la ley de amnistía.
“Este juicio debería anularse, pero además estos jueces y el fiscal prevaricadores deberían ser sancionados. Hay un sesgo clarísimo en este sistema judicial caviarizado contra aquellos militares y policías que derrotaron al terrorismo”, afirmó en diálogo con Willax.
El titular del Legislativo lamentó que un militar con trayectoria reconocida enfrente una condena que responde a una línea ideológica instalada en sectores del Poder Judicial.
