La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó formalmente a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que informen sobre presuntos vínculos entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.
La sesión está programada para este lunes 2 de febrero, a las 2:00 p.m. Esta convocatoria parlamentaria surge tras la difusión de reuniones clandestinas entre el mandatario y el empresario chino.
El eje de la controversia: Reuniones no registradas
El titular del Ministerio del Interior deberá responder por su participación en encuentros que no figuran en los registros oficiales de visitas. Las indagaciones señalan reuniones junto al presidente de la República y el empresario Zhihua Yang.
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Un programa dominical reveló videos donde se observa al jefe de Estado en un establecimiento privado en el distrito de San Borja, propiedad del ciudadano asiático.
Dicho encuentro ocurrió el pasado 26 de diciembre, fecha en la cual no se reportó actividad oficial que justificara la presencia del mandatario y el ministro en el local.
Concesiones energéticas y el proyecto Pachachaca 2
Por su parte, el titular de la cartera de Energía y Minas ha sido llamado para detallar el estado legal de la Central Hidroeléctrica Pachachaca 2.
Este proyecto cuenta con una concesión definitiva otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., cuya propiedad pertenece al mencionado empresario Zhihua Yang.
La infraestructura energética se localiza en diversos distritos pertenecientes a las provincias de Andahuaylas y Abancay, dentro de la jurisdicción de la región Apurímac.
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El Parlamento investiga si los procedimientos de adjudicación cumplieron con los requisitos técnicos y legales exigidos por el marco normativo del sector energético nacional. La coincidencia entre las reuniones privadas del presidente y la vigencia de contratos millonarios con el Estado ha generado un escenario de crisis política.
Implicancias legales y mociones de censura
La Fiscalía de la Nación ya inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por la presunta comisión de delitos graves contra la administración pública.
Entre los cargos que se analizan figuran el patrocinio ilegal de intereses particulares y el tráfico de influencias en agravio directo del Estado peruano.
