El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, inicia el 2026 enfrentando un complejo escenario judicial. El pasado 5 de enero, Tainaly Y. Serrano Rivera presentó una demanda formal ante los tribunales de Puerto Rico, reclamando una indemnización de 16 millones de dólares por el uso no autorizado de su voz en dos de las composiciones más emblemáticas del ‘Conejo Malo’.
La controversia gira en torno a una frase que se ha vuelto icónica para los seguidores del género: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”. Según el documento legal, Serrano Rivera grabó este audio en 2018 a petición de un socio productor del artista, cuando ambos eran compañeros universitarios.
Lo que comenzó como un favor casual terminó convirtiéndose en un elemento central de la identidad sonora del álbum X 100pre.
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Problemas para Bad Bunny: el impacto legal por derechos de imagen y propiedad intelectual
La demandante sostiene que el fragmento de audio fue incorporado sin su consentimiento ni compensación económica en los temas “Solo de mí” y “Eoo”, este último perteneciente al disco Debí Tirar Más Fotos.
La defensa de Rivera argumenta que, al momento de realizar la grabación, nunca se le informó que su voz sería explotada comercialmente ni que su identidad sonora formaría parte de una maquinaria de ventas global.
La demanda se fundamenta en la presunta violación a la Ley del Derecho a la Propiedad de Imagen de Puerto Rico. Los abogados de la demandante subrayan que la voz es un atributo personalísimo y que su uso con fines de lucro requiere una autorización expresa que, en este caso, brilla por su ausencia.
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Exigencias y silencio de Rimas Entertainment
Además de la compensación de 16 millones de dólares por daños y perjuicios, la ciudadana puertorriqueña solicita que el audio sea retirado de inmediato de todas las plataformas digitales, formatos físicos y presentaciones en vivo. Esto representaría un desafío técnico y comercial significativo para el sello discográfico Rimas Entertainment.
Hasta el cierre de esta edición, ni Bad Bunny ni sus representantes legales han emitido un comunicado oficial. Este caso reabre el debate sobre la protección de los derechos de colaboradores informales en la era del streaming y los límites de la propiedad intelectual en la música urbana.
