Poder Judicial condena a 11 años de prisión a ‘camarada Ciprián’ por afiliación terrorista en Vraem

La sentencia recae sobre Octavio Vargas, integrante del Militarizado Partido Comunista del Perú, capturado con armamento de guerra y material explosivo en 2024.

diciembre 23, 2025 –
15:16.
Actualizado en diciembre 23, 2025 –
15:17.
Poder Judicial condena a 11 años de prisión a 'camarada Ciprián' por afiliación terrorista en Vraem.
Poder Judicial condena a 11 años de prisión a 'camarada Ciprián' por afiliación terrorista en Vraem.

El Poder Judicial dictó 11 años de prisión efectiva contra Octavio Vargas, alias ‘camarada Ciprián’, tras acreditarse su afiliación a una organización terrorista que opera en el Vraem, luego de un proceso penal impulsado por la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho.

La condena se sustenta en pruebas presentadas durante el juicio oral, donde se determinó la participación activa del sentenciado en estructuras armadas vinculadas al grupo encabezado por Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’.

Integración prolongada a grupo terrorista

Según lo expuesto por el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe, Octavio Vargas integró el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP-SL) desde 1989 hasta 2024.

Durante ese periodo, cumplió funciones de “combatiente” y apoyo logístico dentro de la sanguinaria organización, contribuyendo a su accionar en una de las zonas más sensibles del país.

Captura con armamento de guerra

En 2024, Vargas fue capturado por las fuerzas del orden mientras portaba un fusil AKM y dos cacerinas con un total de sesenta municiones, además de material explosivo y otros implementos operativos.

Estos elementos fueron considerados determinantes para acreditar su rol activo dentro de la estructura terrorista y reforzar la imputación fiscal.

Sanciones adicionales

Además de la pena privativa de la libertad, el Poder Judicial ordenó el pago de S/ 10,000 como reparación civil a favor del Estado.

La sentencia también incluye la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y el decomiso de todos los bienes incautados durante la intervención.

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