La violencia criminal ha vuelto a golpear el escenario político en el norte del país. La regidora de Chicama, Elena Rojas Alcalde, de 60 años, fue asesinada a balazos por sicarios mientras participaba en una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, provincia de Ascope, región La Libertad. El ataque ocurrió frente a numerosos asistentes, transformando una actividad festiva en una escena de terror.
Rojas Alcalde, de profesión contadora pública y egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, desempeñaba una labor de oposición en el concejo municipal. La víctima pertenecía a las filas del Partido Aprista Peruano y proyectaba su postulación a la alcaldía de Chicama en el próximo proceso electoral, según confirmaron fuentes partidarias regionales.
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No fue el único atentado contra autoridad en La Libertad
Este atentado no representa el primer acto de violencia contra la autoridad. En diciembre del año pasado, delincuentes detonaron un artefacto explosivo bajo su vehículo mientras sesionaba en la Municipalidad Distrital de Chicama. En aquel momento, la regidora denunció públicamente que estos actos buscaban silenciar sus investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción.
¿Labor fastidiosa de regidora?
La labor de la concejal se centraba en la fiscalización de obras públicas y adjudicaciones millonarias. Específicamente, indagaba el caso de una constructora vinculada a contratos con el Gobierno Regional de La Libertad. Según fuentes del entorno político, su postura crítica la convirtió en una figura incómoda dentro de la administración local.
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Reforzar seguridad en Ascope
La provincia de Ascope es descrita por especialistas en seguridad como una zona con altos índices de extorsión y presencia de bandas criminales. Tras el crimen, el alcalde Edilberto Bada Castillo declaró el duelo distrital y exigió resultados inmediatos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, señalando la vulnerabilidad de las autoridades frente al crimen organizado.
El hijo de la víctima, Bruno Carbonel, ha solicitado formalmente que se retomen las investigaciones de las amenazas previas. La familia sostiene que la regidora conocía la identidad de quienes intentaban amedrentarla. Actualmente, se espera la declaratoria de emergencia en la zona y el arribo de contingentes policiales adicionales para frenar la ola de sicariato que afecta a la región.
