La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), institución adscrita al Ministerio de Trabajo, ha sido señalada por un cuestionable contrato de servicio que asciende a cerca de medio millón de soles del dinero público.
Irónicamente, Sunafil, encargada de supervisar el cumplimiento de las normas laborales, realizó esta adquisición con una empresa que no cumpliría con los estándares mínimos que la propia entidad exige.
El contrato, valorado en 453 mil soles, fue firmado el 7 de enero de 2025 para un servicio de copias de respaldo de información. La finalidad era proteger los datos confidenciales de miles de usuarios ante la ola de ciberataques a instituciones del Estado.
Empresa involucrada en el escándalo Sunafil
La empresa que recibió esta suma fue Lotengo Perú S.A.C., descrita como una compañía peruana de telecomunicaciones. Sin embargo, la investigación descubrió que esta empresa contaría únicamente con un trabajador en su planilla, según su información en SUNAT desde marzo de 2025. Además, la ubicación física de la empresa en Santiago de Surco, según su página web, no pudo ser confirmada.
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A pesar de su estructura aparentemente mínima y su paradero desconocido, Lotengo Perú S.A.C. ha logrado obtener contratos con el Estado por la exorbitante suma de más de 2 millones de soles. En solo cuatro años, la empresa ha acumulado más de 20 contratos.
Entre los contratos previos de Lotengo Perú se encuentran servicios para el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) por 32 mil soles y un contrato de mailing masivo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 69 mil soles. Asimismo, se registró un contrato con la Biblioteca Nacional del Perú por 397 mil soles para la adquisición de una solución de Wi-Fi.
El fracaso del servicio de respaldo de datos
La relevancia del servicio contratado por Sunafil se puso de manifiesto el domingo 23 de noviembre, cuando la institución fue víctima de un ciberataque bajo la modalidad de secuestro de datos mediante encriptamiento. El ataque provocó la caída de la página oficial y el robo de 200 GB de información.
Esta información robada incluía importantes reportes de inspección laboral y denuncias de violaciones legales que afectan a millones de trabajadores. De acuerdo con las declaraciones de un abogado, la información se perdió y no se logró recuperar.
Todo indica que el contrato de 453 mil soles por el servicio de respaldo de información no cumplió con su objetivo de proteger los datos. La pérdida de información ahora pone en peligro los datos sobre multas y otras infracciones laborales de miles de empresas. Esta situación representa un perjuicio directo para el erario y para los trabajadores peruanos. El dinero invertido se habría perdido al no cumplirse los acuerdos.
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Sunafil: consecuencias y responsabilidades
El responsable de esta contratación sin resultados fue el entonces superintendente de Sunafil, Enrique Guevara Varela. Guevara Varela fue destituido de su cargo por pérdida de confianza poco tiempo después de los hechos.
Tras su destitución, la conducción de la institución fue encargada a Edgar Vallejos Florian. La realidad es que se han perdido miles de soles del erario público por la confianza depositada en una empresa con un solo trabajador y cuya ubicación era inaccesible.
