El martes 18 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República dio un nuevo paso en una de las investigaciones más sensibles contra integrantes de la Fiscalía de la Nación.
En su tercera sesión extraordinaria, el grupo de trabajo aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 528, el cual propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
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La sesión estuvo presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso). La denuncia, en tanto, fue presentada por los parlamentarios Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
La votación culminó con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, lo que permitió la aprobación del documento.
Delitos imputados y alcances del informe aprobado en el Congreso
El informe, cuya ponencia estuvo a cargo del legislador Montoya Manrique, también recomienda acusar a los magistrados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato, además de considerarlos posibles instigadores del delito de usurpación de funciones. La calificación penal propuesta será evaluada posteriormente por las instancias correspondientes en el Congreso.
Según el documento aprobado, los altos fiscales habrían incurrido en estas infracciones tras emitir la Resolución N.° 2246-2024, del 14 de octubre del 2024, mediante la cual se aprobó un reglamento que, a consideración de los denunciantes, vulneró normas vigentes y excedió las competencias del Ministerio Público.
La cuestionada resolución y las presuntas vulneraciones legales
La SAC sostiene que la resolución mencionada habría generado una violación a la Ley N.° 32130, normativa que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer el rol de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones del delito.
Para los acusadores, la medida aprobada por los magistrados implicaría una trasgresión al marco legal y una presunta usurpación de funciones policiales, pues habría interferido con atribuciones exclusivas de la PNP.
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Los parlamentarios que impulsan la denuncia afirman que la resolución de octubre del 2024 impuso lineamientos que no correspondían al ámbito de competencia del Ministerio Público.
Lo que viene tras la aprobación
Con este paso, el informe final será elevado a la Comisión Permanente, que decidirá si procede la acusación ante el Pleno del Congreso. De ser aprobada en ambas instancias, los implicados podrían enfrentar una sanción de inhabilitación por 10 años, además del eventual inicio de acciones penales.
