El juicio contra el expresidente Martín Vizcarra ha ingresado a su fase decisiva. Durante los alegatos finales, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, ratificó su solicitud de 15 años de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio.
La acusación sostiene que Vizcarra condicionó actos funcionales al pago de sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
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Según el Ministerio Público, está acreditado mediante testimonios, registros de llamadas, facturas y cheques que el exmandatario recibió pagos ilícitos. El fiscal destacó que el “donativo” ascendió a S/1,300,000.
Juárez Atoche detalló que, el 25 de noviembre de 2013, se recomendó la adjudicación de la buena pro a un consorcio específico y, apenas dos días después, el Gobierno Regional de Moquegua la aprobó, evidenciando el supuesto intercambio de información privilegiada.
Que no se fugue Martín Vizcarra
En paralelo, la Procuraduría solicitó una reparación civil superior a los 4.6 millones de soles a favor del Estado, argumentando que las entregas de dinero existieron entre 2014 y 2017. Ante la gravedad de las pruebas, la Fiscalía pidió que la condena se ejecute de inmediato para evitar una posible fuga.
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Por su parte, Martín Vizcarra ejercerá su defensa material el próximo jueves 20 de noviembre. El expresidente ha negado categóricamente cualquier intención de asilo o fuga, asegurando: “No hemos hecho ninguna gestión, lo digo categóricamente, no hay posibilidad de asilo en absoluto”.
El fallo final podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y determinar la inhabilitación política definitiva del exjefe de Estado.





