Las investigaciones sobre corrupción política de los últimos años en Perú enfrentan un nuevo obstáculo. El trabajo del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público ha sido puesto en entredicho, generando consecuencias directas que ponen en peligro casos emblemáticos.
Esta situación se ha intensificado tras una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulo el proceso seguido contra Keiko Fujimori en el conocido caso ‘Cócteles’. Sin embargo, este pronunciamiento ha generado repercusiones inmediatas en investigaciones similares que también estaban a cargo de dicho equipo fiscal.
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Caso de Luis Castañeda y el colaborador eficaz caído
Una de las investigaciones directamente afectadas es la que involucra al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Este caso se centra en los presuntos aportes, valorados en aproximadamente 930 mil dólares, que se habrían recibido de las constructoras brasileras OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Castañeda.
Los fiscales a cargo de esta investigación sobre los aportes a Solidaridad Nacional son Milagros Salazar Paiva y Carlos Puma Quispe. La viabilidad del caso ha sufrido un golpe crítico.
‘ContraCorriente’ obtuvo en exclusiva un oficio fechado el viernes 24 de octubre. El documento fue enviado por la defensa del principal colaborador eficaz del caso a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial. El motivo: comunicar el desistimiento de la colaboración eficaz de su patrocinado.
El impacto legal de este desistimiento es profundo. “Esto quiere decir que ninguna declaración de este colaborador ni a los implicados pueden ser usados en su contra”, explicó el abogado Andy Carrión.
“¿El resultado? “Quienes son los beneficiados, justamente a los que implicó”, agregó.
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El resto de beneficiados en el caso Luis Castañeda-OAS
José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú y congresista, es el principal beneficiado por el silencio del colaborador eficaz 155-2019 del caso OAS. Este colaborador, que ahora ha desistido, había sido clave en la investigación. Su testimonio confirmaba el presunto rol de Luna en la campaña municipal de 2014. El beneficio llega mientras Luna Gálvez planea su candidatura presidencial para 2026.
El testimonio retirado sindicaba a Luna Gálvez como el “operador económico” de la campaña de Luis Castañeda Lossio. Se le acusaba de recibir, ocultar y administrar fondos de las constructoras OAS y Odebrecht. Una de las acusaciones más graves era el presunto uso de su universidad, Telesup. Se alega que esta sirvió como “fachada legal” para movilizar los fondos ilícitos.
Como resultado del desistimiento, años de investigación y miles de soles invertidos por el Estado se consideran perdidos. El testimonio del colaborador y otras pruebas ahora caen en “saco roto”. Las confesiones de los implicados en estos delitos ya no poseen utilidad procesal. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas en los juicios contra los acusados.
El fracaso del caso se atribuye directamente al “trabajo ineficiente” y a las “erradas decisiones” de los fiscales del equipo Lava Jato. Los implicados son los más beneficiados por esta falta de eficacia fiscal. Irónicamente, el futuro de las investigaciones de corrupción depende de colaboradores que ya no quieren hablar. Esto se debe a la gestión de los mismos fiscales que los investigan.
