La fiscal Marita Barreto ha iniciado una ofensiva legal ante el Poder Judicial. Su objetivo es solicitar la nulidad de la investigación de enriquecimiento ilícito que afronta. Esta investigación fiscal se originó luego de que el programa ContraCorriente pusiera en evidencia su lujosa casa de playa en Asia.
El día de la audiencia, en las primeras horas de la mañana, la fiscal ejerció su autodefensa ante el Poder Judicial. Además de buscar que se le deje de investigar, el pedido principal de Barreto fue requerir “desesperadamente” que no se le levante su secreto bancario desde el año 2015.
La fiscal solicitó la exclusión legal del periodo de levantamiento del secreto bancario desde el 6 de octubre de 2015 a 2020.
El lujo que la fiscal Marita Barreto niega
La defensa de la Fiscal Barreto cuestionó el indicio que demandaría investigar nuevamente el periodo 2015-2017, argumentando que este ya había sido archivado e investigado.
No obstante, el reportaje señala que el indicio “tangible” es su casa de dos pisos, ubicada en el condominio Fundo Pradera, en Asia.
Se afirma que este inmueble fue el mismo que la Fiscal Barreto ofreció por 500 mil dólares. Hoy, la fiscal niega dicha oferta. La oposición de Barreto a que la Fiscalía conozca sus movimientos financieros se presenta como una reacción directa a esta revelación.
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La maniobra legal de Marita Barreto
El reportaje de ContraCorriente documentó que la fiscal Barreto invitó a pasar a los periodistas e intentó vender la casa. Meses antes, la fiscal había realizado un adelanto de legítima de la propiedad a su hijo, Jorge Solis Barreto, y luego obtuvo el usufructo.
Todo indica que esta acción fue una “maniobra legal” para no afectar su patrimonio inmobiliario a raíz de las investigaciones que ya enfrentaba.
La versión ofrecida por la fiscal sobre este movimiento es que, en noviembre de 2024, decidió hacer el adelanto de legítima a su hijo porque le quitaron la seguridad y tenía “diversas amenazas de muerte”.
Recalcó que la acción no se dio cuando estaba en funciones, lo que, según ella, no podría constituir un delito de enriquecimiento. Sin embargo, esta versión fue calificada de “mentira” por una fuente citada en la investigación.
La investigación también expone que, a pesar de que la fiscal Barreto posee una casa de recreo de “miles de dólares”, en Lima vive en un departamento alquilado a nombre de su sobrina, y su casa de playa está asegurada a nombre de su hijo. Barreto, por su parte, afirma que lo que se busca es crear un caso “rascando la olla” y encontrar algo que no existe.
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Cuestionamientos a la prioridad judicial
Durante su defensa, la fiscal Marita Barreto afirmó que su investigación no tiene sustento legal. Llegó a decir que el reportaje fue “falso” y que, supuestamente, la propia periodista lo había reconocido.
Esta afirmación es rechazada por la reportera, quien asevera que “en ningún momento” cuestionó la verdad que la propia fiscal había confesado: los lujosos acabados de su casa de playa, la oferta de venta de 500 mil dólares y su confesión de una posible fuga del país tras vender la propiedad.
Barreto pidió al juez que revisara la resolución, argumentando que se venían “atropellando” sus derechos. Sin embargo, la respuesta periodística sostiene que quien “atropeña el correcto seguimiento de la investigación es la propia fiscal, que hoy, con mentiras, busca que no se le investigue” por una casa que ninguno de sus colegas podría comprar.
La apelación de Barreto se expuso en tan solo 30 minutos y fue revisada “de inmediato” por el Poder Judicial. Esta “prioridad” genera cuestionamientos. En este contexto, la nota introduce el nombre de un abogado, empleador y amigo de la Fiscal Barreto, quien la puso como docente en su instituto. Este abogado es también “hombre de confianza” del magistrado César San Martín, quien hoy es parte de los que deben juzgar a Barreto.
