El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros.
El fiscal defendió las actuaciones del Ministerio Público frente a los cuestionamientos por el tiempo de la investigación y las medidas de prisión preventiva solicitadas.
Al ser consultado sobre un “mea culpa” del equipo fiscal, especialmente después de que Keiko Fujimori estuviera tres veces en prisión por acusaciones que el TC desestimó, Juárez Atoche negó que fuera una “vergüenza” para la fiscalía. Por el contrario, el fiscal calificó la resolución del TC como “una vergüenza”.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Presidenta del TC tras archivamiento del caso ‘Cócteles’: “Hubo una serie de injusticias para Keiko Fujimori y demás acusados”
Fiscal Atoche sostiene que “para nosotros es lavado de activos”
El fiscal Germán Juárez Atoche explicó la controversia legal central. Sostuvo que el TC argumenta que el delito imputado es financiamiento ilegal de partidos. Según esta interpretación, dicho delito no estaba tipificado como tal cuando ocurrieron los hechos investigados.
Juárez Atoche replicó que la ley de financiamiento ilegal se promulgó recién en 2019. Describió esta ley como un “salvavidas” para políticos y partidos que recibieron “dinero maculado” para campañas electorales.
El fiscal aseguró que, aunque esa ley hubiese existido antes, el Equipo Especial Lava Jato “igualito hubiera tipificado los hechos por lavado de activos”. “Para nosotros es lavado de activos”, enfatizó.
Para sustentar su posición, Juárez Atoche detalló la diferencia técnica entre ambas figuras penales. Señaló que el delito de financiamiento ilegal requiere probar que la donación proviene de una “fuente prohibida“. En cambio, el delito de lavado de activos exige que el dinero tenga un “origen ilícito”, es decir, que provenga de una “actividad criminal previa”.
El fiscal sostuvo que, en el caso de Keiko Fujimori, el dinero que se insertó en las campañas electorales era “dinero maculado”. Mencionó el caso de la empresa Odebrecht como una de las fuentes de ese dinero.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Milagros Leiva fulmina a Domingo Pérez por caso ‘Cócteles’: “En lugar de hacer tanto show, aprenda a estudiar mejor sus casos”
Defendió prisiones preventivas contra Keiko
Asimismo, el fiscal respondió a las críticas sobre un presunto “abuso” en el uso de la prisión preventiva. Fue enfático al señalar que el Ministerio Público no es la entidad que ordena estas medidas. “¿Los fiscales damos la prisión preventiva? No, lo dan los jueces”, declaró.
Recordó que la prisión preventiva de Keiko fue evaluada y confirmada en múltiples instancias judiciales. “El caso de la señora Fujimori ha pasado en primera instancia. Sí. Segunda instancia y la Suprema”, detalló.
Mencionó que la Corte Suprema determinó que existían “indicios razonables” del delito y “peligro procesal”.
Juárez Atoche también se refirió a la anterior liberación de Fujimori por parte del TC. Aclaró que, en esa ocasión, el Tribunal Constitucional la liberó al no encontrar “peligro procesal”, pero mantuvo que sí existían los otros presupuestos, como la “suficiencia probatoria” del delito de lavado de activos.
El fiscal abordó la narrativa sobre los “ocho años” o “diez años” de demora en los casos del Equipo Especial Lava Jato.
Rechazó que estas demoras sean responsabilidad del Ministerio Público, mencionando casos como el de Ollanta Humala y Susana Villarán. “Cuando el Ministerio Público, un fiscal tiene un caso y lo da por concluido y formula acusación, la pelota está en la cancha del Poder Judicial”, afirmó.
Para respaldar su argumento, el fiscal proporcionó fechas específicas de las acusaciones fiscales. Informó que José Domingo Pérez formuló acusación en el caso de Keiko en el año 2021.
Además, indicó que él mismo presentó la acusación contra Ollanta Humala en el año 2019. “Todos nosotros del equipo especial hemos presentado nuestras acusaciones dentro del plazo de ley”, concluyó Juárez Atoche.
El fiscal apuntó así a los jueces y al Poder Judicial como los responsables de los tiempos procesales una vez presentada la acusación.
