La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final contra la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, que propone su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
La decisión, respaldada con 12 votos a favor y tres en contra, forma parte de una denuncia constitucional presentada por los exlegisladores César Gonzáles y Manuel Merino.
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A la también expremier castillista se le atribuyen presuntas infracciones al artículo 45 de la Constitución, así como la posible comisión de delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, contemplados en el artículo 399 del Código Penal.
Según la acusación, durante su período como titular interina, la izquierdista habría tomado decisiones que excedían sus atribuciones administrativas. Entre los hechos cuestionados se encuentran el otorgamiento de aumentos remunerativos y la asignación de funciones específicas para trabajadores en los últimos días de su gestión, lo que, según los denunciantes, constituiría un uso arbitrario del poder. Estos actos habrían tenido lugar sin la debida consulta ni justificación técnica.
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La denuncia también incluye una presunta negligencia en el cumplimiento de protocolos sanitarios durante la pandemia de COVID-19. Ella habría autorizado, por medio del área de recursos humanos, la entrega presencial de tarjetas electrónicas de consumo navideño, lo que habría generado un incremento de contagios. Asimismo, el informe señala que este caso estaría relacionado con un brote que dejó dos trabajadores fallecidos y varios en estado grave.
Ahora, el informe aprobado será elevado hasta la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Parlamento, donde se decidirá si se concreta la inhabilitación de Vásquez.
